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Opinión

¿Quién paga por encontrar las minas del 2040?

Por Carolina Erices – Académica Escuela de Ciencias de la Tierra UNAB

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Chile tiene la dotación geológica, el capital humano y la trayectoria minera, pero arrastra una falla de mercado: no cuenta con un mecanismo de capitales que financie la etapa de mayor riesgo del ciclo minero: la exploración temprana. Ese es el problema que busca corregir el Segmento Junior de la reforma al mercado de capitales (MK4), aprobada por la Cámara de Diputados y despachada al Senado el 27 de octubre.

En 2025, el presupuesto de exploración llegó a US$ 874,7 millones, su mayor nivel desde 2013. Casi el 79% lo aportan las grandes mineras, concentradas en exploración brownfield para reponer reservas en el entorno de sus faenas. Las junior, que asumen el riesgo de la prospección greenfield en distritos sin minas conocidas, aportan apenas el 14,8%. Y de las 94 exploradoras en el país, solo 15 son chilenas: el capital de riesgo minero se levanta en Toronto o Sídney.

¿Qué propone el proyecto? Un segmento bursátil diferenciado, autorizado por la CMF, con regulación proporcional a la etapa del emisor. Para mitigar la asimetría de información, exige acreditar concesiones o pedimentos, un informe técnico de persona competente independiente y un agente patrocinador por al menos 24 meses. Los incentivos son tres: ganancia de capital como ingreso no renta, un crédito de 35% de la inversión contra el Global Complementario (tope de 50 UTA) y el traspaso del gasto greenfield a los inversionistas.

La lógica económica es sólida. La exploración es una apuesta de alta varianza: la mayoría de las anomalías geoquímicas o geofísicas no resiste las campañas de sondajes, pero una que define recursos puede valer una mina. Repartir ese riesgo entre muchos inversionistas y traspasarles el gasto reduce el costo de capital de quien explora. Así se consolidó Toronto como centro del financiamiento minero.

La meta exige cautela. El ministro Mas habla de duplicar o triplicar la exploración al 2030. Aplicado al total parece poco realista: el gasto de las grandes mineras responde a sus carteras, no a esta ley. Donde sí puede incidir es en ese 14,8% junior.

Perú ofrece una advertencia. Su bolsa tiene un segmento junior hace más de una década y en 2025 negoció apenas US$ 25 millones. La oferta no crea su propia demanda: sin AFP y fondos especializados, no habrá liquidez secundaria y tendremos un segmento, no un mercado.

Esto interpela a las familias y a las universidades. El crédito apunta al ahorro de los hogares, en activos con alta probabilidad de pérdida total. Para que esa inversión sea informada, el mercado necesita geólogos que estimen recursos con estándares reconocidos, ingenieros en minas que evalúen proyectos con rigor y profesionales que traduzcan el riesgo geológico en información financiera.

Las minas del 2040 están bajo nuestros pies; falta decidir quién financia encontrarlas.


 
 
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