La trágica muerte de tres personas en el río Maipo y el reciente caso de un conductor informal, reincidente en estafas a turistas y que incluso portaba una tobillera electrónica, constituyen dos preocupantes alertas sobre la seguridad en nuestro país.
El turismo es una industria muy singular, donde el Estado es socio indispensable del sector privado. De hecho, una parte importante de estas experiencias transcurre en espacios públicos o de acceso público, donde la prevención, la información y la fiscalización son responsabilidad fundamental de las instituciones públicas.
Los turistas son especialmente vulnerables, desconocen nuestras normas, los riesgos del territorio y muchas veces el idioma. Es razonable que quien llega a un país serio suponga que alguien que ofrece un servicio o porta una identificación, cuenta con las autorizaciones correspondientes.
Chile dispone de normativas, como la Ley 20.423 de Turismo y la reciente Ley 21.787 sobre transporte ilegal, sin embargo, para que se cumpla requiere de recursos. Un diagnóstico oficial de Sernatur reveló que en 2023 el 96% de los servicios turísticos registrados no fueron inspeccionados durante ese año.
No podemos exigir que Sernatur y la Subsecretaría de Turismo enfrenten solos este desafío, menos aún con sus limitadas capacidades presupuestarias y operativas. Se requiere una acción integral y coordinada del Estado, que involucre a Transportes, Seguridad Pública, Carabineros, municipios y organismos responsables de los espacios naturales, con recursos suficientes para fiscalizar, prevenir riesgos e informar eficazmente a los visitantes.
Chile recibió más de seis millones de turistas internacionales en 2025 y acumula importantes reconocimientos mundiales en turismo aventura. Si aspiramos a seguir creciendo, debemos acompañar ese éxito con una inversión pública proporcional en seguridad.
El sector privado puede ofrecer experiencias extraordinarias, pero necesita un Estado que garantice las condiciones para desarrollarlas. En esta alianza indispensable para el turismo, la seguridad es una responsabilidad en la que el Estado no puede estar en deuda.
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