LOS ANDES (18/02/2013).- La Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Los Andes se encuentran pesquisando al menos dos casos de falsificación de certificados de revisión técnica que son exigidos para renovar el permiso de circulación del año 2013.
El Jefe de la Bridec, Subcomisario Marcelo Martínez (ver foto ampliada), indicó que en esta época del año resulta común que personas ofrezcan la obtención de estos certificados de manera fraudulenta, así como también los permisos de circulación.
El oficial advirtió que las personas que adquieren estos certificados de manera clandestina están cometiendo el delito de uso malicioso de instrumento público pudiendo arriesgar penas de cárcel por estos hechos.
“La idea es hacer un llamado a la comunidad para que obtenga estos certificados en lugares establecidos, ya que tanto en Los Andes como en San Felipe existe una planta de revisión técnica y en este sentido la gente tiene que entender que la única manera de poder obtenerlo es presentando el vehículo en la planta correspondiente”, afirmó.
El Subcomisario Martínez expresó que sólo presentando el padrón del auto y la revisión técnica anterior se puede obtener nuevamente este certificado para ser presentado en las municipalidades y así obtener el permiso de circulación.
“Todos aquellos que digan que pueden obtener la revisión técnica ahorrando plata y no llevando el vehículo a la planta aconsejamos no hacerlo, porque de ser así el infractor se verá involucrado en procesos judiciales que terminarán con una condena”, aseveró.
Puntualizó que históricamente siempre se han registrado casos de revisiones técnicas falsificadas en nuestra zona, “ya que es un delito que crece conforme avanza la fecha en que se debe renovar el permiso de circulación y por lo tanto es el momento propicio para informar a la comunidad sobre los riesgos asociados que conlleva la adquisición de un documento falso”.
Martínez comentó que ha detectado delincuentes que han llegado hasta las mismas plantas de revisión técnica a ofrecer estos certificados a las personas cuyos vehículos han sido rechazados, “ lo cual es un riesgo ante cualquier fiscalización de que sean objeto por parte de Carabineros o bien que sea detectado en los mismos municipios”.
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