El uso de la inteligencia artificial (IA) en los diversos ámbitos de la sociedad es un hecho, y su impacto en la prevención y el seguimiento del delito es una discusión que Chile no puede seguir postergando. Las principales barreras para su implementación en la seguridad pública no son sólo tecnológicas, sino también regulatorias y relacionadas con la gobernanza de las instituciones que deben proteger a la ciudadanía.
En países como Finlandia, España y Estados Unidos, la incorporación de herramientas digitales y de IA ha demostrado que es posible modernizar el seguimiento del delito y la gestión carcelaria sin renunciar a la dignidad y los derechos de las personas, especialmente de aquellas privadas de libertad. Sistemas como RISCANVI, que evalúa automáticamente el riesgo de reincidencia en Cataluña, o el modelo de “Prisión Inteligente” en Finlandia, que ha logrado reducir la violencia intracarcelaria y optimizar recursos, son ejemplos concretos de un futuro que en Chile todavía vemos distante.
¿Podemos combatir el delito con IA? Por supuesto que sí, pero debemos adaptarla a nuestro marco legal, institucional y cultural. En el último Debate de Primarias Presidenciales del oficialismo, los cuatro candidatos destacaron la falta de dotación policial para enfrentar la delincuencia. La automatización y la detección de patrones delictuales mediante IA pueden ser una respuesta a este déficit, permitiendo a las fuerzas de orden clasificar y predecir factores de riesgo con algoritmos entrenados, que complementen su labor. Sin embargo, es esencial que las investigaciones sean proactivas y que los fiscales entreguen lineamientos éticos, de transparencia y proporcionalidad para su uso, dejando que sean las policías quienes analicen los datos de forma independiente.
He participado en las discusiones impulsadas por el actual Gobierno sobre el uso de cámaras públicas con IA y creo que es fundamental aumentar la inversión en infraestructura: desde plataformas biométricas y sistemas automatizados en las cárceles hasta herramientas de telepresencia en fronteras y espacios públicos. Esta vigilancia inteligente e interoperable es clave para la seguridad del futuro.
No obstante, este paso adelante no puede ser ciego. La posibilidad de utilizar algoritmos para clasificar migrantes ilegales, delitos o hacer seguimiento de los patrones conductuales dentro de las cárceles debe ir acompañada de una sólida supervisión humana y de un marco normativo que regule el tratamiento de los datos personales y evite sesgos discriminatorios. No es lo mismo predecir el comportamiento de una máquina que el de una persona privada en libertad, cuya dignidad es un valor primordial y cuya reinserción es responsabilidad del Estado. Por ejemplo, Chile cuenta con leyes generales de protección de datos, pero carece de una regulación específica para el ámbito penitenciario. Sin una ley que precise qué datos pueden utilizarse, con qué fines y bajo qué principios, resulta imposible garantizar que la tecnología esté al servicio de los derechos humanos y del bien común.
En este escenario, el desafío es mayúsculo: fortalecer la interoperabilidad entre instituciones como Carabineros, PDI, Gendarmería, SENAME, el Poder Judicial y el Registro Civil; capacitar a los funcionarios en materias tecnológicas, criminológicas y éticas; y comprender que una transformación digital bien hecha es una inversión en un sistema más humano, menos violento y orientado a la rehabilitación.
En definitiva, Chile debe atreverse a debatir con profundidad, con mirada de Estado y sin apuros coyunturales, qué tipo de tecnología quiere usar para enfrentar la delincuencia y qué tipo de sociedad aspira a construir. Avanzar hacia un sistema de prevención del delito moderno y humanizado es una tarea impostergable, y sólo un diálogo amplio, informado y responsable garantizará que el salto tecnológico sea también un salto moral en nuestra sociedad chilena.
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