Los recientes casos de suplantación de identidad en notarías del país -donde diversas propiedades han sido transferidas a terceros, sin el consentimiento de sus propietarios— exponen una realidad incómoda: en Chile, aún es posible firmar una escritura pública sin que el notario valide verdaderamente la identidad del firmante.
Este tipo de delitos no sólo frustra a las víctimas. También indigna a quienes creemos en la fe pública y nos preocupamos de utilizar diversos métodos de verificación para garantizar que quien firma un documento, efectivamente, sea quien dice ser. Por eso, es momento de actuar con medidas concretas.
El sistema notarial puede y debe fortalecerse, implementando cambios que bien podrían cerrar las brechas que hoy facilitan los fraudes. Una de ellas es la verificación en línea con el Registro Civil. Actualmente, basta con exhibir la cédula de identidad en la notaría para firmar una escritura pública y, al no existir un protocolo seguro que valide la autenticidad del documento, los datos han podido adulterarse para cometer un fraude sin que nadie lo detecte.
En este sentido, una conexión segura con la base de datos del Registro Civil e Identificación podría disminuir los riesgos prácticamente a cero, especialmente, si se utilizan mecanismos biométricos para confirmar en línea la identidad del firmante. No es razonable que quienes velan por la fe pública trabajen a ciegas.
En segundo lugar, exigir la presencia efectiva del notario también contribuiría a evitar los fraudes. La ley es clara: una escritura pública debe firmarse ante notario. Sin embargo, en la práctica, muchas veces son funcionarios auxiliares quienes recogen las firmas, mientras el notario aparece sólo al final para estampar la suya y, muchas veces, ni siquiera interactúa con las personas que hacen el trámite.
El rol del notario o la notaría va más allá de la formalidad, pues, opera como una garantía para todas las partes. Una escritura pública debe firmarse en presencia directa del ministro de fe o de un funcionario habilitado. Asimismo, la trazabilidad es clave y debe ser una prioridad, tal como sucede con quienes facilitamos la firma electrónica implementando capas de seguridad que impiden la comisión de delitos.
Una práctica que ha facilitado fraudes es que los comparecientes —o quienes actúan en su nombre— puedan escoger con qué notaría o funcionario harán el trámite. Esa predictibilidad ha abierto la puerta a la asociación ilícita. Por eso, como tercera medida de seguridad la asignación de la notaría debiera darse de forma aleatoria. Así evitaríamos cualquier coordinación previa, garantizando la imparcialidad del proceso.
Chile necesita avanzar hacia un sistema notarial moderno, eficiente y seguro. Pero ese camino se construye con tecnología, trazabilidad y criterio. No se trata de reemplazar a los notarios, sino de dotarlos de mejores herramientas. Ante delitos cada vez más sofisticados, la verificación de identidad no puede depender solamente de la fe.
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