Chile vive una contradicción: somos un actor clave en semillas transgénicas por nuestra contraestación, pero dentro del país no hay reglas claras para consumo o etiquetado y legislamos como si no existieran.
La ciudadanía desconfía hace más de 20 años: en 2000 sólo un 25% aceptaba consumir OGM. Hoy, más del 90% exige etiquetado obligatorio y trazabilidad. La industria avanza en silencio, en 2024-2025 el SAG registró 5.649 ha de transgénicos, 62% en Maule y más del 35% en otras regiones. El maíz domina, seguido por canola y soya.
En Chile, el Decreto 1.523/2001 regula OGM solo para investigación y exportación. Sin Ley de Bioseguridad y con el Protocolo de Cartagena sin ratificar, el SAG autoriza caso por caso. En este escenario incompleto, cada actor tira hacia su interés: el Estado administra exportaciones, la agroindustria defiende beneficios, las ONGs alertan sobre riesgos, la academia se divide y los consumidores exigen etiquetado claro.
Los transgénicos no son dañinos en sí mismos; la evidencia lo respalda. El problema en Chile es la falta de institucionalidad, trazabilidad y transparencia que impide a los consumidores decidir. Mientras la Unión Europea exige etiquetado sobre 0,9% de OGM, Brasil cuenta con Ley de Bioseguridad y rotulado visible, Perú mantiene una moratoria y Chile sigue atrapado en normas parciales y proyectos que no prosperan.
Es hora de superar la parálisis, Chile requiere una Ley de Bioseguridad con reglas claras, etiquetado obligatorio, fiscalización sólida e inversión pública en investigación. Solo así tendremos una agricultura soberana y transparente que proteja la salud y respete el derecho a decidir.
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