La presentación del proyecto de ley que busca permitir la apertura de centros comerciales en días de elecciones es una señal positiva para actualizar una normativa anacrónica, ineficaz e injusta. Hoy se da una paradoja: una tienda en la calle puede abrir, mientras otra en un mall debe cerrar. Esta asimetría afecta a más de 300 recintos, perjudicando a miles de pymes, personas trabajadoras y consumidores.
El impacto económico es evidente: en las elecciones de 2024 se perdieron US$92 millones, y los feriados generan un costo anual de US$2.000 millones para la economía. El Banco Central ha documentado que los meses con más feriados muestran una contracción productiva en el Imacec, que se agrava con el cierre del comercio. Además, la medida favorece al comercio informal, reduce la recaudación y ha provocado caídas de hasta 45% en las ventas formales.
Una encuesta de la CNC, la Cámara de Centros Comerciales y la Asociación de Marcas del Retail mostró que un 74% de las empresas calificó como "alto" el impacto del cierre en la última elección, con una baja promedio sectorial de 9,7%.
Lo más relevante es que esta restricción no ha incentivado la participación electoral. La experiencia demuestra que es posible compatibilizar el derecho a sufragio con la apertura del comercio, otorgando permisos de 3 o 4 horas a las personas trabajadoras para votar.
Valoramos que este debate se retome en el Congreso. Chile necesita reglas modernas que resguarden el ejercicio democrático, sin castigar injustamente a un sector que aporta empleo, tributos y desarrollo al país.
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