La designación de un médico veterinario en la dirección del Servicio Nacional de la Discapacidad, organismo estatal destinado a garantizar derechos a las personas con discapacidad, obliga a interrogar los fundamentos de la política pública en Chile. Más allá del currículum del profesional, el hecho expone una concepción que despoja a la discapacidad de su carácter humano y la reduce a un objeto de administración técnica.
El paralelismo con la historia australiana resulta ilustrativo. Durante gran parte del siglo XIX y XX, los pueblos originarios fueron gestionados bajo ministerios de agricultura y ganadería. Esa institucionalidad los trataba como “recursos” vinculados a la producción, y no como sujetos con historia, cultura y derechos. El resultado fue un proceso de deshumanización y control que marcó a generaciones enteras, expresado en prácticas como las “generaciones robadas”. Esta lógica de cosificación recién comenzó a desmontarse en la década de 1970.
En Chile, al poner en manos de un profesional ajeno a los campos de los derechos humanos, la inclusión social o la discapacidad, se corre el riesgo de reinstalar un enfoque semejante: las personas dejan de ser protagonistas de su vida y de las decisiones que les afectan, para transformarse en “casos” que requieren ser manejados. Se trata de un gesto simbólico que deslegitima los avances normativos en derechos, debilitando la transición desde un paradigma asistencialista hacia uno de ciudadanía plena.
Lo más preocupante es que esta decisión ignora la existencia de un gran número de profesionales chilenos altamente especializados, con discapacidad: académicos, investigadores y expertos con trayectoria nacional e internacional, que postulan a estos cargos y, sin embargo, no son considerados ni seleccionados para liderar el SENADIS. Al excluirlos, el Estado margina no solo sus capacidades, sino también la voz de las propias personas con discapacidad, vulnerando su soberanía epistémica y su derecho a definir las políticas que inciden directamente en su vida.
En vez de hacer crecer el terreno fértil de la inclusión, el Estado retrocede hacia lógicas de control que ya creíamos superadas. Chile proclama en foros internacionales la defensa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Inclusión Laboral, pero en la práctica relega a quienes poseen la experticia y la legitimidad para encarnar ese discurso.
No está en discusión la idoneidad del saber veterinario en su propio ámbito, sino la pertinencia política y ética de su extrapolación. La discapacidad es parte constitutiva de la diversidad humana y, en consecuencia, debe ser comprendida desde una perspectiva de dignidad, justicia y derechos. La ausencia de esta mirada abre espacio a una regresión institucional que remite a prácticas coloniales de administración de poblaciones.
La lección australiana es clara: cuando los Estados confunden la gestión de recursos con la garantía de derechos, lo que se pierde es la humanidad de las personas. Chile no puede repetir esa historia bajo nuevas formas de deshumanización burocrática.
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