LOS ANDES (10/11/2025).- Tras una serie de diligencias la Brigada Investigadora de Robos de la PDI se logró la detención de un sujeto de 18 años de iniciales A.R.G.G. quien participó en calidad de autor de un violento asalto a mano armada que sufrió un estudiante de 16 años que regresaba a su domicilio.
De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público obtenidos por Los Andes Online, el hecho se registró a eso de las 21:30 horas del pasado 21 de octubre cuando la víctima caminaba por la calle Carlos Condell de la población Ambrosio O’Higgins en dirección a su casa.
En esos momentos fue abordado por tres delincuentes juveniles, uno de los cuales extrajo de entre sus ropas lo que parecía ser un arma de fuego tipo pistola con la que lo intimidaron para que hiciera entrega de su celular.
Al irse de negativa, los agresores empujaron al estudiante hasta la cancha de fútbol del sector, donde lo golpearon para finalmente arrebatarle su teléfono marca iPhone modelo 11, avaluado en la suma de $350.000.
Con la especie en su poder los antisociales se dieron a la fuga, mientras que el menor corrió a su casa y contó lo sucedido a su madre quien estampó la denuncia correspondientes, señalando que uno de los autores del atraco era un conocido del lugar.
Con este antecedente la Fiscalía en coordinación con la PDI logró la identificación del autor y tramitar una orden de arresto en su contra que se hizo efectiva este lunes.
El detenido, quien no registra antecedentes como adulto, pero si como menor de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes donde el fiscal Rodolfo Robles Mora lo formalizó por el delito de robo con violencia.
Solo por el hecho de no tener prontuario como adulto pidió aplicar la cautelar de arresto domiciliario total.
Sin embargo, la defensora pública Ana-Karem González Casanova se opuso terminantemente por considerarla demasiado gravosa, proponiendo un arresto domiciliario parcial.
Con los argumentos expuestos, el magistrado Raúl Valenzuela Rodríguez consideró la libertad del imputado como un peligro para la seguridad de la sociedad y accedió a la petición del fiscal, debiendo permanecer el imputado privado de libertad las 24 horas en su casa.
Además, fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación.
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