Gendarmería informó la detención de 12 gendarmes a lo largo del país por investigaciones vinculadas a tráfico de drogas, cohecho, entre otros delitos. El desbaratamiento de esta red de funcionarios revela la profunda crisis por la que atraviesa Gendarmería, cuyo personal debe lidiar diariamente con un agobiante hacinamiento carcelario, hechos de violencia, una riesgosa y angustiante carrera profesional, así como una creciente criminalidad al interior de las cárceles, factores, entre otros, que sitúan al sistema penitenciario chileno al borde del colapso, lo cual nos debe interpelar a la acción.
Según datos de la misma institución, en el año 2020 el país contaba con 38.297 personas encarceladas, en circunstancias que al mes de septiembre de 2025 la cifra aumentó a 63.281 internos. La evidencia institucional constata que existen cerca de 1.600 bandas criminales dentro de las cárceles y, de estas, al menos 600 estarían activas perpetrando delitos.
A lo anterior se debe agregar que la tasa de ocupación penitenciaria alcanzó un 129%, y que más del 50% de los penales está sobrepoblado. Como si fuera poco, 16 cárceles superan el 200% de su capacidad, lo que verifica la presencia de graves factores detonantes de una crisis mayor, que no tiene registro en la historia de Chile.
En la esfera intramuros, la población penal ha ido modificando su fisonomía conductual, con reclusos más agresivos, indolentes, muchos de ellos extranjeros, quienes han llegado acompañados de incivilidades y cruentas modalidades delictivas como la extorsión, la tortura, y el reclutamiento criminal entre reos y facciones delictivas.
Qué duda cabe que en el Chile actual el encarcelamiento promueve el delito en lugar de disminuirlo, y que las personas reclusas adquieren nuevas habilidades delictivas y generan redes criminales que son funcionales tanto dentro como fuera de la cárcel. Así, para las personas privadas de libertad, la prisión se convierte en un título honorífico en su carrera criminal, que abona y prepara el camino a la reincidencia, en desmedro de una eventual resocialización.
En este distópico escenario que enfrenta el sistema carcelario chileno se torna imperioso acometer con intensidad una fuerte reforma a la gobernanza penitenciaria, donde exista una policía penitenciaria (dependiente del Ministerio de Seguridad), traspaso del área de reinserción social, clasificación de la población penal y una revisión de la prisión preventiva, de esta forma podremos avanzar para impedir que la cárcel siga siendo la universidad del delito y la casa matriz del crimen organizado.
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