Hace unas semanas atrás la bancada del partido nacional libertario anunciaba a través de medios de comunicación la presentación de un proyecto de ley que busca eliminar la obligatoriedad de renovar la licencia de conducir hasta los 65 años de edad, con el propósito de reducir la burocracia y disminuir la carga financiera y de tiempo para los conductores, argumentando que el trámite actual representa una pérdida de recursos considerable.
Sin embargo, esta propuesta encierra una paradoja que requiere un análisis detenido, puesto que el argumento de fondo remite al equilibrio entre la inversión social en seguridad vial y la capacidad funcional y la libertad individual. En este sentido, cabe preguntarse: ¿cuál es el grado de libertad que se busca obtener a costa de una disminución en la seguridad y la protección social de personas mayores en la vía pública?.
En mi calidad de integrante del Comité Regional para la promoción de derechos de las personas mayores, y desde la perspectiva de la Terapia Ocupacional Social, resulta fundamental plantearnos estas interrogantes, así como destacar la posible repercusión de esta legislación en el segmento poblacional aludido.
Para justificar esta inquietud, un dato que nos debe preocupar del Observatorio de Seguridad vial entre el año 2024 y 2025 muestra que en Chile hay una tasa de letalidad desproporcionada, ya que las personas mayores representan casi el 30% de fallecidos en accidentes de tránsito y tienen 4 veces más probabilidades de morir en un accidente que un adulto joven. Las medidas orientadas a la prevención, en lugar de ser reducidas, deberían ser reforzadas.
Ante este escenario, la seguridad vial se erige como un componente esencial para la materialización del derecho a la Participación Social y la utilización de los espacios públicos, particularmente en segmentos poblacionales que manifiestan condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de las personas mayores. En virtud de su carácter de bien público, el Estado debe asumir lo establecido en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la responsabilidad ineludible de asegurar entornos protegidos para ellos. Por el contrario, delegar el control al individuo es una forma de omisión de este derecho y afectaría directamente a este colectivo.
Si bien Chile tiene falencias con respecto a los países con más altos estándares de seguridad vial. A nivel regional, nuestro país es líder en baja mortalidad por accidentes viales, esto pudiera demostrar que algo se está haciendo bien. Por ello, el "ahorro" en el trámite de la licencia es ínfimo comparado con el costo social y sanitario de un aumento en la severidad de los siniestros viales.
De esta manera, conducir no es una actividad meramente individual, constituye un derecho asociado a la participación social, donde la autonomía no implica una falsa libertad, sino la provisión por parte del Estado de los apoyos y las evaluaciones funcionales indispensables para una participación responsable y segura, y que no debe ser sacrificada en aras de la eficiencia administrativa.
En síntesis, es imperativo legislar y avanzar desde un enfoque punitivo o economicista hacia uno salubrista y de derechos, reconociendo la fragilidad e interdependencia inherentes a la condición y dignidad de las personas mayores.
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