La implementación del Sistema de Acceso Priorizado (SAP) para 2026 marca un punto relevante en la forma en que el país aborda las listas de espera. No se trata solo de gestión o presupuesto, sino de una decisión que reconoce que el tiempo, en salud, tiene consecuencias reales. Porque cada cirugía postergada por meses o años afecta no solo el cuerpo, sino también la vida social, emocional y laboral de las personas.
La inversión de $35 mil millones, anunciada por Fonasa, permitirá mantener los criterios de priorización y avanzar en la resolución de cirugías altamente demandadas, tales como las endoprótesis de rodilla y cadera en personas menores de 65 años. Detrás de esas cifras hay personas cuya movilidad, autonomía y calidad de vida se han visto limitadas por una espera que parece interminable. Acortar esos tiempos no es un beneficio adicional: es una urgencia sanitaria.
El SAP combina la derivación directa a prestadores en convenio con Copago Cero y la Modalidad de Libre Elección, con deducibles según tramo. Esta estructura no solo amplía la capacidad resolutiva del sistema, sino que reconoce algo esencial: permitir que las personas decidan dónde atenderse también es parte del cuidado. Poder elegir le devuelve confianza a quienes han vivido demasiado tiempo en la incertidumbre.
La colaboración público-privada es un puente efectivo para responder a una demanda que el sistema público no puede enfrentar solo. En este escenario, los prestadores en convenio asumimos una responsabilidad clara: ofrecer atención oportuna, de calidad y con sentido humano.
La continuidad del SAP en 2026 confirma que este no es un parche transitorio, sino un camino posible. Porque en salud, cada día cuenta, y cuando el sistema avanza, las personas también.
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