El caso de Julia Chuñil interpela a la sociedad chilena desde una complejidad que no puede ser reducida a una lectura estrictamente policial o judicial. Su análisis exige una mirada estructural que permita comprender la convergencia de diversas formas de violencia que, al no ser debidamente reconocidas, reproducen escenarios de desprotección, revictimización y una creciente desconfianza en las instituciones.
Uno de los aspectos más invisibilizados de este caso dice relación con la violencia que Julia habría experimentado en el ámbito intrafamiliar. La violencia ejercida contra las mujeres al interior de sus propias familias continúa siendo una de las expresiones más naturalizadas de la desigualdad de género, especialmente cuando afecta a mujeres mayores y en contextos rurales. Estas violencias suelen quedar relegadas al ámbito de lo “privado”, dificultando su reconocimiento social y su abordaje institucional oportuno.
Desde una perspectiva de género, resulta fundamental comprender que la violencia intrafamiliar no se limita a agresiones físicas visibles. Incluye también dinámicas persistentes de control, despojo, maltrato psicológico, abandono y dependencia forzada, que afectan gravemente la autonomía y la dignidad de las mujeres. Cuando estas situaciones se desarrollan en contextos rurales, donde el acceso a redes de apoyo, servicios públicos y mecanismos de denuncia es limitado, la vulnerabilidad se profundiza.
En el caso de las mujeres mayores, esta realidad adquiere características aún más complejas. A la desigualdad de género se suma el edadismo, la dependencia económica y la invisibilización social, configurando escenarios de alta exposición a la violencia. La evidencia demuestra que muchas mujeres en estas condiciones no denuncian, no por falta de gravedad de los hechos, sino por miedo, aislamiento o desconfianza en la capacidad del Estado para protegerlas efectivamente.
Si bien Julia Chuñil fue identificada por diversas organizaciones de derechos humanos, colectivos territoriales y actores de la sociedad civil como defensora del territorio y del bosque nativo, esta caracterización ha sido objeto de debate en el ámbito institucional. No obstante, centrar el análisis exclusivamente en esta dimensión —sea afirmada o cuestionada— implica el riesgo de invisibilizar un contexto de violencia cotidiana y persistente que resulta clave para comprender su situación vital. Las trayectorias de las mujeres no pueden ser fragmentadas: las violencias se superponen, se refuerzan y se sostienen mutuamente, especialmente cuando confluyen factores de género, edad, ruralidad y dependencia familiar.
A este escenario se suma un elemento particularmente preocupante desde el punto de vista institucional: la forma en que el debate público ha sido tensionado por declaraciones de actores políticos que validan hipótesis investigativas o sugieren responsabilidades antes de que los tribunales se pronuncien. En un Estado de Derecho, la presunción de inocencia y la autonomía del sistema judicial no son formalidades, sino garantías esenciales para la vigencia de los derechos humanos y la confianza pública en las instituciones.
Cuando el poder político adelanta juicios, se instala un clima de polarización y desconfianza que debilita la legitimidad institucional y expone a personas y comunidades a la estigmatización pública. Lejos de contribuir a la verdad y la justicia, estas prácticas erosionan la confianza ciudadana y profundizan las fracturas sociales existentes.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de garantizar investigaciones imparciales, diligentes y libres de presiones políticas, especialmente en casos atravesados por violencia de género y vulnerabilidad estructural. Asimismo, tiene el deber de prevenir, detectar y abordar la violencia intrafamiliar, reconociéndola como un problema público y no como un asunto privado.
Las universidades, como espacios de pensamiento crítico y compromiso social, no pueden permanecer indiferentes frente a estas realidades. Tenemos la responsabilidad de contribuir a una comprensión integral de la violencia de género, de cuestionar las lógicas que la normalizan y de exigir al Estado respuestas que estén a la altura de los estándares de derechos humanos.
El caso de Julia Chuñil nos enfrenta, en definitiva, a una reflexión necesaria sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho y la confianza ciudadana en las instituciones, así como sobre nuestra capacidad colectiva para proteger a las mujeres en toda su diversidad. Nombrar la violencia intrafamiliar y la violencia contra mujeres mayores no es anticipar culpabilidades, sino asumir una obligación ética con la dignidad humana y con una convivencia democrática basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos.
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