Hay decisiones que no son técnicas: son políticas y cuando el Ministerio de Educación decide pagar solo el 74% de la subvención de mantenimiento que por ley debe entregarse completa en enero, no estamos frente a un simple desfase administrativo, estamos frente a una señal equivocada.
Desde 1998 la Ley de Subvenciones estableció algo muy claro: en enero se paga el 100% de estos recursos para que los colegios puedan reparar techos, pintar salas, arreglar baños y preparar dignamente el año escolar. Este 2026, en cambio, se informó por correo electrónico que el pago fue rebajado en un 26% por "restricciones presupuestarias". Sin aviso previo. Sin plazo claro para saldar la deuda.
Como profesor de toda la vida y como concejal de Los Andes, me resulta imposible no sentir indignación, porque detrás de ese 26% no hay cifras abstractas: hay salas que no se pintan, filtraciones que no se reparan, mejoras que se postergan. Y siempre, siempre, los que terminan pagando son los estudiantes.
Se nos dice que el problema se debe a trámites pendientes en la Ley de Reajuste, pero la educación no puede quedar atrapada en la burocracia, no puede ser la variable de ajuste cada vez que las cuentas fiscales se aprietan.
Resulta especialmente doloroso cuando, al mismo tiempo, se habla de prioridades y de reformas estructurales. ¿Qué prioridad es aquella que no garantiza condiciones básicas para que los niños comiencen sus clases en espacios adecuados?
En comunas como la nuestra, donde muchos establecimientos subvencionados cumplen un rol social insustituible, la certeza en los recursos no es un lujo: es una necesidad. Los sostenedores planifican con meses de anticipación y las comunidades confían en que el Estado cumplirá lo que la ley manda. Esa confianza hoy se resquebraja.
La educación no puede depender de la improvisación ni de correos electrónicos enviados a última hora. La palabra empeñada del Estado debe valer y si la ley dice 100%, es 100%.
No se trata de confrontar por confrontar, se trata de recordar que gobernar también es ordenar prioridades y cuando la educación escolar empieza a financiar los desequilibrios, el mensaje que se transmite es profundamente equivocado.
Como concejal, pero sobre todo como educador, no puedo normalizar que nuestros colegios comiencen el año con incertidumbre. La educación no es gasto prescindible: es inversión esencial.
Espero que el Ministerio regularice cuanto antes los recursos pendientes y entregue certezas claras. Porque cuando se ajusta el presupuesto recortando a los colegios, lo que se está recortando en realidad es la tranquilidad de miles de familias.
Y con la educación de nuestros hijos, simplemente, no se juega.
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