La nueva normativa que prohíbe el uso de teléfonos celulares en establecimientos educacionales frente a la llegada de un nuevo inicio escolar ha sido presentada como una medida necesaria para mejorar la concentración, disminuir distracciones y fortalecer la convivencia escolar de la comunidad educativa. Sin embargo, al extender la prohibición de manera amplia hacia docentes y otros integrantes de la comunidad educativa, esta regulación revela una preocupante desconexión con la realidad cotidiana de las escuelas y liceos del país.
Como educadora diferencial, no puedo dejar de observar la contradicción estructural que esta normativa instala: se pretende formar estudiantes críticos, autónomos y responsables en el uso de tecnologías, pero al mismo tiempo se sitúa a los docentes en el mismo escalón regulatorio que los estudiantes, desconociendo su rol profesional y la naturaleza pedagógica de su trabajo.
En muchos contextos escolares, especialmente en territorios con brechas digitales persistentes, el teléfono personal del docente no es un lujo y tampoco funciona como ocio, sino una herramienta de trabajo imprescindible, la normativa ignora realidades como establecimientos con acceso inestable a internet, salas sin conectividad permanente, plataformas digitales que dependen de redes móviles, y clases que, paradójicamente, requieren acceso en línea para desarrollar actividades propuestas por los propios textos escolares distribuidos oficialmente los que incluyen códigos QR y enlaces que complementan la experiencia pedagógica, entonces nos preguntamos ¿Cómo se espera que el docente acceda a esos recursos en tiempo real si no puede utilizar su propio dispositivo cuando el establecimiento no provee alternativas tecnológicas funcionales?
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando consideramos que el sistema educativo chileno ha promovido, durante la última década, la integración de competencias digitales como parte del perfil de egreso estudiantil e incluso marcos como los Estándares de la Profesión Docente, promovidos por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.
Asimismo, la comunicación con apoderados y familias, siendo esto fundamental en procesos de acompañamiento educativo, suele realizarse mediante mensajería móvil. En situaciones de emergencia dentro de la comunidad escolar, el primer canal de contacto disponible es, muchas veces, el teléfono personal del docente. La normativa omite esta dimensión operativa y comunitaria del trabajo pedagógico.
Más allá de lo práctico, existe una dimensión simbólica preocupante: equiparar normativamente a docentes y estudiantes en la prohibición del uso de celulares diluye la distinción entre quien está en proceso formativo y quien ejerce una profesión ¿qué mensaje transmitimos sobre la autonomía y la confianza?
La escuela no es un espacio aislado del mundo digital; es parte de él. La solución no puede ser la negación tecnológica, sino la regulación diferenciada, contextualizada y coherente con las condiciones reales de cada establecimiento. Prohibir sin proveer alternativas robustas de conectividad institucional no resuelve el problema de fondo, todo lo contrario “lo traslada y lo invisibiliza”.
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