La coyuntura económica exige, con urgencia, decisiones que reactiven el crecimiento, fortalezcan la inversión y devuelvan dinamismo a una economía que lleva varios años mostrando un desempeño con tendencia a la baja. En ese contexto, cualquier modificación que afecte directamente al impuesto de primera categoría debe ser analizada no solo como un ajuste tributario, sino como una decisión estratégica.
Uno de los principales problemas del esquema actual es que incentiva decisiones tributarias por sobre las productivas. Cuando la carga impositiva alcanza una magnitud significativa, las empresas tienden a priorizar la optimización fiscal en lugar de enfocarse en mejorar su productividad. Si a esto se suman mayores costos de cumplimiento y un entorno que, en la práctica, podría favorecer la evasión, el escenario se vuelve preocupante.
Pero no solo ahí hay que poner atención. La actual estructura tributaria también impacta la competitividad internacional del país. Hoy, invertir en Chile resulta más costoso que en otras economías y, si no se ofrecen suficientes ventajas competitivas, el resultado es evidente: se desincentiva la inversión.
El rezago en la formación de capital fijo es una señal clara de este fenómeno. La ausencia de nuevas infraestructuras relevantes —como calles, puertos, hospitales o plantas productivas— refleja una economía debilitada, donde la inversión no está retornando con la fuerza necesaria.
En este contexto, la reducción de la tasa corporativa busca modificar ese equilibrio: disminuir la presión tributaria para fomentar una mayor inversión y producción y, en el mediano plazo, lograr una recaudación superior, no por la tasa, sino por el volumen.
Entonces, la pregunta es: ¿cobrar más a una economía estancada o cobrar menos a una economía en expansión? La evidencia histórica del país sugiere que la segunda opción ha sido más efectiva para generar empleo, dinamismo y crecimiento sostenido.
Asimismo, cuando una proporción significativa de los ingresos se canaliza hacia el Estado sin un retorno eficiente en inversión o calidad del gasto, se genera una distorsión que afecta la equidad. En cambio, cuando las empresas disponen de mayores recursos, tienden a reinvertir, expandir sus operaciones, mejorar las condiciones laborales y generar nuevas oportunidades.
El sistema actual, con múltiples regímenes y diferencias en la tributación, presenta una complejidad que dificulta tanto el cumplimiento como la fiscalización. Esta fragmentación, además, rompe la equidad horizontal, generando tratamientos disímiles para los contribuyentes.
Desde una perspectiva más técnica, factores como la elasticidad de los ingresos corporativos refuerzan la necesidad de revisar el esquema vigente. Y esto no se trata de una discusión ideológica, sino de un análisis que recoge décadas de reflexión económica, con fundamentos matemáticos, sociológicos y estructurales.
La reforma es indispensable para el país, ya que una tasa de primera categoría más baja y alineada con estándares internacionales permitiría recuperar competitividad, reorientar el foco hacia la productividad y facilitar la reinversión privada.
En una economía que necesita crecer, mantener un sistema que encarece la inversión y distorsiona las decisiones productivas no es sostenible. El foco no debe estar solo en recaudar, sino en hacerlo con una mirada puesta en el crecimiento, la inversión y una distribución más efectiva de las oportunidades en el país.
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