La reciente muerte de una niña de tres años en Chillán, tras el ataque de perros guardianes en el lugar de trabajo de su padre, conmociona y obliga a reflexionar. La menor interactuaba con estos animales cuando ocurrió el ataque, en un contexto que hoy investiga la justicia.
Sin duda, este lamentable hecho instala diversas preguntas, desde la perspectiva de la responsabilidad adulta, pero también desde la tenencia responsable. Y desde allí es legítimo preguntar: ¿es ético y seguro utilizar perros como herramientas de vigilancia?
En Chile la normativa vigente, a través de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, prohíbe expresamente el adiestramiento destinado a aumentar la agresividad de los perros. Esta regulación no es arbitraria. Responde a la evidencia de que fomentar conductas agresivas incrementa significativamente el riesgo de accidentes graves y compromete el bienestar del animal.
El problema es que, en la práctica, estos animales son entrenados de manera informal. Muchas veces se utilizan métodos aversivos, como castigos físicos, collares de ahorque o eléctricos, privación, intimidación o exposición forzada a estímulos negativos para reforzar su territorialidad y la desconfianza hacia desconocidos, provocando respuestas de defensa o ataque. Estos métodos no solo son éticamente cuestionables, sino que generan consecuencias profundas.
Estos perros suelen vivir en estados de estrés crónico, ansiedad e hipervigilancia. Se ven privados de conductas naturales, de socialización adecuada y de un entorno predecible y seguro. Esto impacta directamente en su salud física y mental.
A nivel de conducta, el uso de métodos aversivos se asocia a mayor reactividad, impulsividad, respuestas agresivas y dificultades en la regulación emocional. Es decir, lejos de generar “control” sobre el perro, estas prácticas muchas veces producen animales más inestables y peligrosos. Un perro sometido a dolor, miedo o estrés constante no responde desde el aprendizaje, sino desde la sobrevivencia.
En esa lógica, la de un animal preparado inadecuadamente para defender, no se distinguen matices humanos. Para un perro, un niño corriendo, gritando o jugando puede activar respuestas instintivas de persecución o presa, especialmente si no ha sido correctamente socializado ni entrenado. La evidencia muestra que factores como el estrés, el encierro, la falta de entrenamiento adecuado o la activación de conductas predatorias pueden desencadenar ataques graves.
Y es aquí donde la responsabilidad adulta es fundamental.
No se trata de hablar de “perros peligrosos” como un concepto abstracto, muchas veces asociado erróneamente a ciertas razas, sino de decisiones humanas: cómo se crían estos animales, en qué condiciones viven, qué rol se les asigna y qué medidas de resguardo existen.
Quienes tienen “perros guardianes” entrenados informalmente con ese fin, tienen que saber que estos no son animales de compañía. No podemos normalizar prácticas riesgosas y subestimar el comportamiento animal, confiar en que el perro es conocido y “no hace nada”.
La convivencia entre humanos y perros y, más aún, entre niños y perros, requiere supervisión constante, educación y contextos seguros. Delegar funciones de control o protección en animales, sin presencia humana directa ni protocolos claros, es cuestionable, tanto desde la vereda de la seguridad pública como del bienestar animal.
Tal vez es momento de avanzar hacia modelos de seguridad más responsables, donde los animales no sean utilizados como barreras vivas. Y donde la protección de las personas no dependa de respuestas instintivas, sino de decisiones conscientes.
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