Hay momentos en que un país debe detenerse, mirar de frente la realidad y preguntarse cómo fue posible llegar tan lejos en la negligencia. El reciente informe de Contraloría sobre el ingreso de cientos de niños haitianos a Chile bajo el programa de reunificación familiar constituye uno de esos momentos, porque lo que hoy conocemos no es una simple irregularidad administrativa, estamos frente a hechos de una gravedad estremecedora que comprometen la seguridad, la dignidad y el destino de cientos de menores de edad.
Las cifras son escalofriantes. Según los antecedentes revelados, 486 niños y adolescentes haitianos ingresaron al país acompañados por apenas una docena de adultos que aparecían reiteradamente como responsables de ellos. Algunos de estos individuos llegaron a ingresar con decenas de menores en un solo vuelo. Cualquier persona con un mínimo de sentido común habría encendido todas las alarmas. Sin embargo, las instituciones encargadas de proteger a estos niños fallaron de manera incomprensible y más grave aún es que, durante las fiscalizaciones realizadas por Contraloría, decenas de menores simplemente no pudieron ser ubicados en los domicilios registrados. Se trata de niños que ingresaron legalmente al territorio nacional y cuyo paradero hoy es desconocido. Detrás de cada número hay una historia, un rostro, una familia y una vida que podría encontrarse en situación de vulnerabilidad extrema, por eso la angustia que provoca esta realidad es imposible de exagerar.
Chile ha suscrito compromisos internacionales para proteger a la infancia. Nuestro Estado tiene la obligación moral y legal de garantizar que ningún niño desaparezca dentro de sus fronteras sin que se movilicen todos los recursos disponibles para encontrarlo. No estamos hablando de estadísticas ni de formularios mal llenados, estamos hablando de seres humanos que podrían haber quedado expuestos a redes de explotación, tráfico de migrantes o situaciones que todavía desconocemos.
Por eso resulta inaceptable que las alertas conocidas desde hace años no hayan generado una reacción política proporcional a la gravedad de los hechos. Si existían antecedentes de vuelos con cantidades inusuales de menores acompañados por uno o dos adultos, ¿por qué no se adoptaron medidas extraordinarias de control? ¿Por qué no se suspendieron antes los procedimientos cuestionados? ¿Por qué las instituciones involucradas continuaron operando sin una coordinación efectiva?
La figura del entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, aparece inevitablemente en el centro de estas interrogantes, puesto que él era la máxima autoridad del organismo responsable de administrar estos procesos. Si conoció antecedentes preocupantes y no impulsó todas las acciones necesarias para detener oportunamente estas situaciones, deberá responder políticamente por ello. Y si las investigaciones detectan responsabilidades de otra naturaleza, corresponderá a los tribunales establecerlas con todo el rigor de la ley.
La defensa basada en descoordinaciones institucionales o problemas administrativos resulta insuficiente frente a una situación de esta magnitud. Cuando la integridad de cientos de niños está en juego, las explicaciones burocráticas dejan de ser aceptables. Las autoridades existen precisamente para anticipar riesgos, actuar preventivamente y proteger a quienes no pueden defenderse por sí solos.
Aquí lo único que importa es saber qué ocurrió, dónde están los menores cuyo paradero no ha podido ser determinado y quiénes permitieron que se llegara a este punto.
La ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas claras. Tiene derecho a conocer toda la verdad. Tiene derecho a saber si existieron redes organizadas aprovechándose de vacíos institucionales y tiene derecho a exigir sanciones ejemplares para todos quienes hayan participado o facilitado estas conductas, sin privilegios ni consideraciones políticas de ninguna especie.
Hoy la prioridad debe ser encontrar a cada uno de los niños que aún no han podido ser ubicados. Ningún esfuerzo puede considerarse excesivo cuando se trata de proteger a menores de edad. Cada día que pasa sin respuestas aumenta la incertidumbre y profundiza una herida que ya avergüenza a nuestro país.
Chile no puede normalizar que cientos de niños ingresen bajo programas oficiales y que luego parte de ellos desaparezcan del radar del Estado, eso no es una falla menor, es un fracaso institucional de proporciones gigantescas. Y frente a un fracaso de esta magnitud, la única respuesta aceptable es verdad completa, justicia sin contemplaciones y castigo para todos los responsables, caiga quien caiga.
|
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
