Cada vez que el Estado crea un beneficio tributario, el debate suele concentrarse en dos preguntas: cuánto costará al Fisco y quiénes serán sus beneficiarios. Sin embargo, existe una tercera interrogante que recibe mucha menos atención y que, probablemente, es la más importante: ¿cómo sabremos si ese incentivo realmente cumplió el objetivo para el cual fue creado?
La pregunta cobra especial relevancia luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas informara una tasa de desempleo de 9,4% para el trimestre marzo-mayo de 2026, la más alta de los últimos cinco años. En este escenario, el debate sobre las herramientas para incentivar el empleo formal deja de ser una discusión exclusivamente tributaria y pasa a convertirse en una prioridad de política pública.
En ese contexto se inserta el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, que incorpora un crédito tributario para incentivar el empleo formal. La medida busca reducir parte del costo de contratación mediante un beneficio imputable al Impuesto de Primera Categoría, concentrado en trabajadores de menores remuneraciones.
El instrumento responde a una lógica conocida en política tributaria: utilizar incentivos para promover conductas económicamente deseables. Pero el verdadero desafío no está en su diseño, sino en su evaluación.
La discusión parlamentaria ya ha planteado una pregunta decisiva: ¿el crédito generará nuevas contrataciones o simplemente subsidiará empleos que igualmente habrían existido? En evaluación de políticas públicas esta diferencia se conoce como adicionalidad y constituye uno de los principales criterios para determinar si un incentivo es realmente eficaz.
Si una empresa contrata gracias al beneficio tributario, el instrumento cumple su propósito. Si la contratación se habría producido de todas maneras, el crédito representa un gasto tributario sin un efecto demostrable sobre el empleo.
Chile ha incorporado numerosos beneficios tributarios para fomentar distintas actividades económicas, pero son escasas las evaluaciones sistemáticas que permitan determinar si esos incentivos continúan justificando la renuncia recaudatoria que implican.
La sostenibilidad tributaria exige algo más que recaudar adecuadamente. Demanda que los incentivos fiscales sean diseñados con objetivos claros y evaluados mediante evidencia. Porque un buen beneficio tributario no es el que entrega más recursos, sino el que demuestra que cumple el propósito para el cual fue creado.
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