La reciente propuesta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que reúne 45 medidas para enfrentar el crimen organizado y las economías ilícitas, instala un cambio de paradigma. El desafío ya no consiste únicamente en fortalecer la persecución penal o aumentar las capacidades policiales. También exige seguir la ruta del dinero y cerrar los espacios que permiten a las organizaciones criminales operar dentro de la economía formal.
No es casual que varias de las medidas propuestas apunten a fortalecer la inteligencia financiera, la trazabilidad de las operaciones, el intercambio de datos entre instituciones y el uso de tecnologías para detectar operaciones sospechosas. Detrás de todas ellas existe un elemento común: la calidad y confiabilidad de la información económica.
En este escenario, la contabilidad adquiere un protagonismo que pocas veces forma parte del debate público. Habitualmente se asocia al cumplimiento tributario o a la elaboración de estados financieros. Sin embargo, su verdadera función trasciende esas tareas. La contabilidad constituye el lenguaje económico de toda organización. Es el sistema que registra, documenta y da trazabilidad a las operaciones sobre las cuales se construye la confianza en los mercados. Gracias a ello, preserva la memoria económica de las organizaciones y hace posible reconstruir la historia de sus transacciones. Sin información confiable no existe transparencia, y sin transparencia, no hay confianza.
Las organizaciones criminales necesitan precisamente lo contrario. Requieren ocultar el origen de los recursos, fragmentar operaciones, simular transacciones y dificultar el seguimiento de los flujos financieros. En otras palabras, prosperan allí donde la información económica pierde transparencia y trazabilidad.
Por ello, fortalecer la calidad de la información contable no responde únicamente al cumplimiento de obligaciones legales o tributarias. Es también una herramienta para proteger la economía formal. Registros íntegros, controles adecuados, documentación suficiente y sistemas de información confiables, reducen significativamente los espacios donde pueden desarrollarse el fraude, el lavado de activos y otras formas de criminalidad.
La Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos refleja este cambio de paradigma al reforzar la responsabilidad de quienes administran, dirigen y controlan organizaciones, promoviendo una cultura de cumplimiento y fortaleciendo los mecanismos de prevención frente a riesgos económicos. La transparencia deja de ser una buena práctica para transformarse en un elemento esencial de la gobernanza empresarial.
Este nuevo escenario exige fortalecer las capacidades de quienes diseñan, administran y supervisan los sistemas de información y control de las compañías.
Si el crimen organizado opera cada vez más con lógica empresarial, utilizando estructuras societarias, operaciones financieras y mecanismos para ocultar recursos ilícitos, resulta razonable que su combate incorpore también herramientas propias de la gestión empresarial.
Ha llegado el momento de reconocer que la contabilidad protege la transparencia, fortalece la confianza y dificulta que las economías ilícitas encuentren espacio para prosperar.
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