La eventual llegada de la farmacia digital al negocio de los medicamentos en Chile reabre una discusión que va más allá del comercio electrónico. Lo que está en juego no es la comodidad de comprar un fármaco desde el celular, sino la seguridad sanitaria de millones de personas.
La legislación chilena define a las farmacias como centros de salud, no como tiendas. Cada dispensación es un acto profesional, supervisado por un químico farmacéutico obligado a informar sobre interacciones, reacciones adversas y condiciones de almacenamiento. Un algoritmo de e-commerce no reemplaza ese criterio clínico.
Cuando un medicamento, se compra sin esa validación, el riesgo no es teórico. Se pierde la advertencia sobre interacciones peligrosas, se debilita el control sobre recetas retenidas y desaparece la opción de ofrecer alternativas bioequivalentes que protejan el bolsillo del paciente sin sacrificar el tratamiento. Siempre es muy importante realizar la dispensación informada de medicamentos por el químico farmacéutico para fomentar su uso racional, lo que también incluye a los medicamentos de venta libre.
Tampoco es menor la trazabilidad. El medicamento debe transportarse bajo condiciones certificadas de temperatura y humedad, y su origen debe poder rastrearse hasta el laboratorio. Sin ese registro, ante una alerta sanitaria el sistema no tendría forma de ubicar ni retirar de circulación los lotes comprometidos.
La normativa vigente, contenida en el Decreto 466, es clara. El expendio electrónico solo puede operar como extensión de una farmacia física autorizada por ISP, con director técnico presente y cumpliendo con petitorio mínimo disponible. Hoy no existe en Chile la farmacia exclusivamente digital.
La innovación en salud es bienvenida cuando amplía el acceso sin renunciar a las garantías que protegen a los pacientes. Abrir la puerta a modelos sin fiscalización equivalente no moderniza el sistema, lo expone.
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