Chile enfrenta un déficit habitacional cuantitativo de 491.904 viviendas, según el Censo 2024. En este escenario, la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social incorpora incentivos tributarios para dinamizar el mercado inmobiliario. Sin embargo, más allá de su efecto sobre la inversión y las ventas, existe una pregunta relevante: ¿cuánto contribuirán estas medidas a que más mujeres puedan acceder a una vivienda y construir patrimonio propio?
Para una mujer mayor, conservar su casa puede significar seguridad económica durante la jubilación. Para una trabajadora independiente, reunir el pie y acreditar ingresos ante un banco puede convertirse en una barrera para comprar. Y para una jefa de hogar que arrienda, acceder a una propiedad depende tanto de su capacidad de ahorro como de las condiciones del mercado y del financiamiento.
Incentivos tributarios y acceso a la vivienda
Desde el 1 de diciembre de 2026, la ley contempla una exención transitoria de IVA durante un año para determinadas ventas de viviendas nuevas. La medida busca movilizar el inventario disponible y estimular la actividad inmobiliaria, pero su efecto sobre los precios finales deberá evaluarse en la práctica.
Incluso si el beneficio se traduce en una rebaja, comprar una vivienda seguirá dependiendo de factores como el ahorro previo, los ingresos y las condiciones del crédito hipotecario. Una mujer puede tener capacidad para pagar un dividendo y, aun así, enfrentar dificultades para demostrar ingresos estables si trabaja por cuenta propia.
Por eso, reactivar las ventas no equivale necesariamente a ampliar el acceso. Los incentivos tributarios pueden dinamizar el mercado, pero necesitan complementarse con alternativas de financiamiento y una oferta habitacional compatible con la capacidad económica de los hogares.
La vivienda también es autonomía económica
Las dificultades habitacionales tienen una dimensión de género que merece atención. Las posibilidades de ahorrar, endeudarse y adquirir una propiedad dependen de las condiciones laborales y familiares de cada persona. Quienes viven de una pensión, trabajan de manera independiente o sostienen solas a sus familias pueden enfrentar restricciones distintas frente al mercado inmobiliario.
La ley también contempla una exención de contribuciones para la vivienda principal de personas de 65 años o más que cumplan los requisitos establecidos. Para algunas mujeres mayores, reducir ese gasto puede ayudar a conservar su hogar y aliviar la presión sobre ingresos que provienen principalmente de una pensión.
A esto se suma un régimen tributario opcional del 5% sobre los ingresos brutos por arriendo de determinadas viviendas económicas. Aunque puede resultar conveniente para algunas propietarias, su efecto depende de las condiciones legales y de los costos asociados a cada inversión. Al calcularse sobre ingresos brutos, no permite descontar gastos como mantención, contribuciones o períodos sin arrendatarios.
Ambas medidas responden a necesidades diferentes: una busca aliviar el costo de mantener una vivienda principal y otra establece una alternativa tributaria para determinadas rentas inmobiliarias. Ninguna resuelve por sí sola las barreras que enfrenta una mujer que intenta comprar su primera casa.
Medir el éxito más allá de las ventas
La inversión privada y la construcción son importantes para impulsar la actividad económica y generar empleo. Sin embargo, el éxito de una política habitacional también debe medirse por su capacidad para facilitar el acceso efectivo a una vivienda, especialmente entre quienes hoy encuentran mayores dificultades para financiarla.
Esto exige evaluar los precios finales, las condiciones del crédito hipotecario y los resultados de los incentivos tributarios, junto con mantener instrumentos públicos que permitan atender a los hogares que no logran incorporarse al mercado por sus propios medios.
La autonomía económica de las mujeres no depende solamente de sus ingresos, sino también de la posibilidad de administrarlos, sostener un hogar y construir patrimonio. Para algunas, significa conservar la vivienda de toda una vida; para otras, dejar de arrendar y adquirir su primera propiedad.
La Ley de Reconstrucción abre una oportunidad para dinamizar el mercado inmobiliario. El desafío es que sus beneficios no se midan únicamente por las operaciones concretadas, sino también por las oportunidades que genere para las familias. Porque ampliar el acceso a la vivienda significa, para muchas mujeres, avanzar hacia una mayor seguridad económica y la posibilidad real de construir un patrimonio propio.
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