La difusión de resultados de pruebas de seguridad que atribuyen una calificación de cero estrellas a determinados modelos de autos vuelve a poner en el centro del debate una cuestión que en Chile suele abordarse tardíamente relativa a la seguridad de los productos como componente esencial de los derechos del consumidor.
Más allá de las preferencias comerciales, del atractivo precio de mercado o de la popularidad de un modelo determinado, el estándar mínimo exigible en una sociedad moderna es que los bienes puestos a disposición del público no generen riesgos para la integridad física de las personas. La discusión, por tanto, no es solamente automotriz, sino que una discusión jurídica sobre el alcance del deber de seguridad que pesa sobre fabricantes, importadores y proveedores y es lo que abordaremos en esta columna crítica.
La Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores reconoce expresamente el derecho de los consumidores a la seguridad en el consumo de bienes y servicios. Esta obligación legal y también principio rector del derecho del consumo no constituye una obligación accesoria ni una declaración programática, sino que, por el contrario, se trata de uno de los pilares estructurales del sistema de protección al consumidor en donde todo proveedor que introduce productos en el mercado debe adoptar las medidas necesarias para evitar que estos generen riesgos previsibles para los usuarios. En materia automotriz, dicho deber adquiere una relevancia extraordinaria, pues los vehículos son bienes cuya utilización involucra por definición riesgos para la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas.
Desde esta perspectiva, resulta insuficiente analizar la situación únicamente desde el cumplimiento formal de normas técnicas o de homologación. Lo anterior se debe a que un vehículo puede ajustarse a ciertos requisitos regulatorios mínimos y, aun así, exhibir deficiencias de seguridad que generen legítimas preocupaciones respecto de la protección efectiva de sus ocupantes, las cuales, por regla general son detectadas por organismos independientes o revistas especializadas. Sobre este punto, basta retrotraerse a los casos mundiales de fallas de seguridad en los vehículos, tales como el Mercedes Clase C de la década del noventa que presentaba graves fallas de estabilidad o los famosos peligro de vuelco de las Jeep Grand Cherokee por roturas de neumáticos en ciertos modelos o el caso de las Toyota Hilux que al realizar la famosa “prueba del alce” generaban peligro de vuelco inmediato. Frente a estos casos, la lógica pregunta que debemos hacernos es si ¿es plausible sostener que el proveedor ha satisfecho plenamente su deber de seguridad frente al consumidor cuando las pruebas de choque o aquellas realizadas detectan un grave fallo de seguridad?
La respuesta debe ser observada con especial rigor. El deber de seguridad implica que los consumidores puedan confiar razonablemente en que los productos comercializados han sido diseñados y distribuidos bajo estándares compatibles con la protección de su integridad física, siendo la comercialización masiva de vehículos que exhiben resultados extremadamente deficientes en evaluaciones de seguridad podría constituir un indicio de incumplimiento de dicho deber, especialmente cuando la información relativa a esos riesgos no es comunicada de manera clara, suficiente y oportuna a los compradores.
La gravedad de esta situación se manifiesta con mayor intensidad si se considera que la adquisición de un automóvil no corresponde a una compra ordinaria toda vez que para muchas familias, la compra del automóvil representa una de las inversiones más significativas de su patrimonio. El consumidor que adquiere un vehículo no solamente espera que este funcione adecuadamente para trasladarse de un punto a otro, sino que también confía en que le otorgará un nivel razonable de protección frente a eventos previsibles como una colisión. Cuando esa expectativa legítima -y amparada por la ley- se ve frustrada por estándares de seguridad ostensiblemente deficientes, no estamos frente a un problema meramente comercial, sino ante una posible afectación de derechos fundamentales asociados a la protección de la vida y la integridad física.
Ahora bien, desde el punto de vista de la responsabilidad civil derivada del consumo, la sola existencia de una baja calificación en pruebas de choque no genera per se un derecho indemnizatorio, pero sí, enciende el semáforo con una luz amarilla advirtiendo peligro. En nuestro sistema jurídico, la indemnización exige la concurrencia de un daño cierto, sin embargo, si la insuficiente seguridad del vehículo contribuye a que un accidente produzca lesiones más graves de aquellas que razonablemente habrían ocurrido en un automóvil con adecuados estándares de protección, el escenario cambia radicalmente. En ese contexto, el defecto o insuficiencia de seguridad podría transformarse en un factor causal relevante para la producción o agravamiento del daño sufrido por el consumidor.
Es precisamente en este punto donde la cuestión adquiere máxima importancia jurídica. Si una persona resulta lesionada o fallece como consecuencia de una protección estructural manifiestamente insuficiente, podrían configurarse las bases para exigir responsabilidad e indemnización de perjuicios. Las lesiones corporales, los daños morales, la pérdida de capacidad laboral e incluso los perjuicios sufridos por familiares de las víctimas podrían convertirse en materias susceptibles de reparación judicial, siempre que se acrediten los presupuestos legales correspondientes, esto es, que a casusa o con ocasión de la falta de seguridad en el vehículo, se generaron daños que, en virtud del vinculo causal entre el hecho que lo produce y el daño mismo, se hace necesaria la indemnización.
Por ello, la discusión no debe limitarse a comparar especificaciones técnicas ni a evaluar ventajas comerciales, sino que es necesario observar más allá de aquello, y entender que la seguridad constituye un elemento esencial de la calidad de un producto y un componente inseparable de los derechos del consumidor.
En efecto, la protección de los consumidores exige adoptar una mirada preventiva más que reactiva, ya que esperar que ocurran accidentes graves para cuestionar los niveles de seguridad de un vehículo resulta incompatible con la finalidad protectora del derecho del consumidor. Cuando existen antecedentes que permiten advertir riesgos relevantes para la integridad de las personas, el deber de seguridad debe operar como una herramienta de anticipación y resguardo, no como una mera fuente de responsabilidad posterior al daño.
En definitiva, la controversia generada por la seguridad del Chery Tiggo 2 invita a reflexionar sobre un principio que suele olvidarse en el análisis del consumo radicado en que ningún ahorro económico justifica exponer innecesariamente a los consumidores a riesgos que comprometan su vida o integridad física. Cuando la seguridad falla, no estamos simplemente frente a un producto de menor calidad, estamos ante una eventual vulneración de uno de los derechos más importantes reconocidos por el ordenamiento jurídico del consumo, cuyas consecuencias pueden trascender el ámbito comercial para ingresar de lleno en el terreno de la responsabilidad y la indemnización de perjuicios compensatoria.
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