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| Opinión |
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MK4: ¿protección o blindaje empresarial? |
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Por Sascha´s Jury M. Académica de la Facultad de Derecho UNAB
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La reforma al mercado de capitales (MK4), que ya despachó la Cámara y hoy se discute en el Senado, incorpora a la Ley de Sociedades Anónimas una versión chilena de la business judgment rule. El deber de diligencia se tendrá por cumplido si el director, en una decisión de negocios en que no tenga interés, actuó de buena fe, con información razonablemente suficiente y con la convicción razonable de obrar en el interés social.
La regla tiene una lógica que comparto, pues el juez no debe juzgar al directorio por el resultado. Bien aplicada, además, puede ser una aliada de la sostenibilidad, ya que protege al directorio que decide reducir emisiones, mejorar condiciones laborales o reforzar su cumplimiento normativo aun sacrificando utilidades inmediatas, porque esas decisiones también crean valor para la sociedad en el largo plazo.
Pero la regla es un arma de doble filo. Bien diseñada, protege el juicio empresarial; mal diseñada, blinda la negligencia y puede amparar decisiones que, en nombre de la ganancia de corto plazo, perjudiquen a trabajadores, comunidades o al medio ambiente. En Delaware opera como una presunción robusta, que el demandante solo derriba probando fraude o mala fe, conflicto de interés o negligencia grave. Es un modelo pensado para un capital disperso, no para sociedades con controlador como las chilenas, donde el problema central es proteger al minoritario.
¿Hacía falta una ley, si nuestros tribunales ya habían aplicado la regla? Sí, y el caso Inversiones Ranco Tres con Latam Airlines lo demuestra.
Europa ofrece una lectura más equilibrada. Alemania la codificó en 2005 (§ 93.1 de la Aktiengesetz), pero exige que el director haya podido suponer razonablemente, sobre la base de información adecuada, que obraba en bien de la sociedad, y es él quien debe probar su diligencia. España la incorporó en 2014 en el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital, agregando el requisito de un procedimiento de decisión adecuado y excluyendo las decisiones que afectan personalmente a otros administradores o a personas vinculadas.
MK4 acierta al exigir una convicción “razonable” e información “razonablemente suficiente”, en línea con el modelo alemán. Pero el Senado debería precisar quién soporta la carga de la prueba y exigir, como en España, un procedimiento de decisión adecuado y documentado. También debería aclarar que la protección alcanza a decisiones y no a omisiones, de modo que no cubra la falta de vigilancia ni el incumplimiento normativo.
Una regla bien calibrada puede incentivar a los directorios a asumir decisiones de largo plazo, sostenibles y con programas de cumplimiento serios. Una mal calibrada solo trasladará el costo de los errores a los minoritarios y a los demás grupos de interés. La diferencia está en la letra chica, y todavía estamos a tiempo de escribirla bien.
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