Entre los imputados hay un menor de edad y uno de los adultos cumple condena bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva por robo con intimidación.
Pese a las heridas, agresor mantuvo a la víctima por varias horas en el domicilio y recién la trasladó en la mañana a un centro asistencial. Fue formalizado y quedó en prisión preventiva.
Servicio de Registro Civil habría reconocido que no era un procedimiento habitual que el hospital realizara los trámites de inscripción de un mortinato sin intervención de la familia.
La pena privativa de libertad de 540 días deberá cumplirla de forma remitida, es decir firmando una vez al mes en un Centro de Reinserción Social de Gendarmería.
Ministerio Público pidió la prisión preventiva para la imputada quien mantiene amplio prontuario, pero el Juzgado de Garantía la rechazó por poner en duda la existencia del delito.