La pena privativa de libertad de 540 días deberá cumplirla de forma remitida, es decir firmando una vez al mes en un Centro de Reinserción Social de Gendarmería.
Ministerio Público pidió la prisión preventiva para la imputada quien mantiene amplio prontuario, pero el Juzgado de Garantía la rechazó por poner en duda la existencia del delito.