Una importante controversia, hasta con figuración nacional, generan los cuestionamientos que diversos movimientos ciudadanos y organizaciones medioambientales han instalado sobre el proyecto fotovoltaico “meseta de Los Andes” que ya comenzó sus obras en la comuna de Calle Larga y que tendrá impacto también en Los Andes y San Esteban según lo informado por sus encargados.
Al analizar estos cuestionamientos se observan argumentos bastante sólidos que permiten sumarse a ellos con certeza. A saber, la primera debilidad de este proyecto es que su aprobación fue hecha por la deficiente, y poco validada por la ciudadanía, institucionalidad medio ambiental chilena, que es criticada por amplios sectores de la sociedad hace años por estar construida para proteger la inversión y no, precisamente, al medioambiente. En este nuevo Chile que nace desde el estallido social para configurar un proceso de cambios, las políticas y las instituciones necesitan la validación ciudadana para su correcto funcionamiento y la opinión de la gente no puede tener un peso menor frente a la tecnocracia o la burocracia en la toma de las decisiones que nos afectan.
Ahora, las causas de la crisis de esta institucionalidad son variadas, pero quizás la más central son sus pésimos mecanismos de participación ciudadana, que no solo son engorrosos y poco conocidos, sino que en términos concretos no entregan ningún poder real a la ciudadana para detener un proyecto que no cuenta con su apoyo. Ejemplos de esto son el proyecto minero Dominga, que cuenta un rechazo nacional, o el proyecto de construcción de estacionamientos subterráneos bajo la plaza de armas de Los Andes que también cuenta con un amplio rechazo.
Por otro lado, y desde lo técnico, que para cierto sector nostálgico del enfoque de crecimiento y no del desarrollo es más importante, cabe mencionar que si bien este proyecto se instala desde la idea de construir energías renovables para avanzar en disminuir las emisiones de carbono, por lo que podría verse como un proyecto de desarrollo sustentable, esto no es así dado que el proyecto afecta a 250 hectáreas de un ecosistema que no puede ser trasladado sin causar daños tal como mencionó el SAG en sus reparos y además tampoco considera en su elaboración los impactos que generará en las comunidades y primeras naciones que viven o sienten pertenencia en estos terrenos. Finalmente, todo aspecto técnico se anula cuando quienes dan la aprobación final sobre el proyecto son un grupo de autoridades políticas elegidos a dedo por el gobierno de turno.
En una arista más general, ya es indiscutible que el mundo atraviesa una grave crisis medioambiental, producida por la sobreexplotación y la mirada economicista centrada en el crecimiento, que ha producido un calentamiento global con graves consecuencias que ya vemos en nuestra zona, por ejemplo, con la sequía y el cambio en el clima. Por todo lo anterior es que proyectos como este, que no tienen un enfoque de desarrollo sustentable, pues afectan gravemente un ecosistema, ni tampoco de desarrollo sostenible, dado que no consideran su impacto a la comunidad, la flora y la fauna, ni la conservación de la cultura Aconcagua, no tienen cabida.
En resumen, dado que la deficiente política ambiental de Chile permite que se aprueben proyectos que dañan el medioambiente y a las comunidades, este tema deberá ser discutido con urgencia por la convención constitucional con el fin de hacer cambios estructurales a la constitución, para dotar al actual derecho a vivir en un medio ambiente sano establecido en la carta magna de real poder de protección a la naturaleza, con acciones que, por ejemplo, la conviertan en una personalidad jurídica especial para que esta sea considerada como sujeto de derechos.
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