¿Acaso no fuimos el primer país americano en abolir la esclavitud en 1823?
El reciente caso en Iquique, donde un niño de 13 años fue esclavizado por su madrastra, no puede dejarnos indiferentes. Ella tenía su cuidado por sentencia judicial y hoy está en prisión preventiva, acusada de homicidio frustrado reiterado maltrato habitual y por mantenerlo en condiciones inhumanas. La gravedad del caso refleja una falla del sistema de protección. ¿Es un caso aislado?.
El 2024, en Rengo, fue denunciado el caso de una niña boliviana de 8 años, indocumentada, desescolarizada, quien realizaba trabajos de servidumbre y vivía en deplorables condiciones.
Estos casos son señales urgentes de alerta sobre el estado de la infancia en nuestro país.
Se debe considerar que Chile es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990. Su artículo 36 obliga a protegerlos contra toda forma de explotación que sea perjudicial para su bienestar. Además, son vinculantes las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, como, por ejemplo, la N° 8 sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, la N° 13 sobre el derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y la N° 19 sobre presupuestos públicos con enfoque de derechos de infancia.
El 3 de abril pasado la Defensoría de la Niñez presentó el estudio “Diagnóstico sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia 2025”, que confirma la gravedad de la situación: niños y adolescentes afectados en su salud mental, desarrollo socioemocional, percepción de felicidad y sensación de abandono. En 2024, 57 niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 10 y 17 años, fallecieron por lesiones autoinfligidas, 51 NNA fallecieron producto del uso de armas de fuego. Esto significa que del año 2000 a 2024 este tipo de causa de muerte ha aumentado en un 122%.
Por otra parte, de 2018 a 2024 aumentó de 4,3% a 5,9% los homicidios consumados a menores de edad. Estas cifras alertan sobre entornos cada vez más violentos para ellos.
Frente a este panorama, debemos responder con urgencia: ¿qué acciones adoptará el Estado y qué cambios impulsaremos como sociedad?.
No basta con declarar buenas intenciones. Se requiere acción efectiva y sostenida, que resuelva con seriedad el problema de fondo, sin miramientos político-partidistas. Una sociedad que no protege las infancias está enferma y condenada al fracaso.
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