La circunstancia que 25.000 funcionarios públicos salieron del país estando con licencia médica nos llama a revisar la legislación actual. Desde el punto de vista del profesional de la salud, existen instituciones que inhiben emitir dichos documentos sin fundamento médico (reciente ley 21.746 e ilícitos penales). Sin embargo, el problema parece ser desde el beneficiario de la licencia médica.
El estatuto administrativo establece que, durante su vigencia, el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones. Además, y frente al uso indebido, malicioso o el no cumplimiento de la licencia médica, la atribución de responsabilidad y por ende la sanción (incluida la destitución), debe efectuarse mediante un sumario administrativo y luego constar en un acto administrativo, por lo que el incentivo para no caer en estas prácticas es bajo. Es decir, se mantiene la remuneración durante la licencia y la posible sanción no es inmediata.
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