Recientemente se publicó en el Diario Oficial una resolución del Ministerio de Justicia que establece que un número importante de egresados de Derecho deberán repetir su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial si no presentar el informe de cierre de su experiencia gratuita en la CAJ.
La noticia motiva a reflexionar acerca de la pertinencia y legalidad de esta obligación que permite a licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales obtener su título profesional de abogados por parte de la Corte Suprema.
En nuestro país hay 50 escuelas de Derecho. Somos la única carrera en que la universidad no es suficiente y que establece un verdadero “gravamen” para obtener el título. El servicio de la CAJ tiene un gran valor social y acerca al Estado de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, al proveer servicios jurídicos a miles de personas en todo el país que no pueden pagarlos. Sin embargo, ¿es legítimo obligar a trabajar por lo menos 6 meses, sin apoyo de ninguna especie, sin seguro médico, sin remuneración, sin aportes previsionales, a un egresado de una universidad para que luego, pueda solicitar ante la Corte Suprema, junto a otros requisitos, se le otorgue el título profesional de abogado? Quizás esta sea la oportunidad de volver a discutir un tema para el cual no hemos encontrado una real solución en el pasado.
