La reciente orden judicial de retener parte de la recaudación de los conciertos de Silvio Rodríguez en Chile ha sorprendido a la opinión pública. Sin embargo, más allá de la figura del cantautor, lo que está en juego aquí es un principio básico: el respeto a los derechos de autor como pilar de la industria musical y artística en general. Conviene subrayar un punto, que este conflicto no es contra el artista, sino contra la empresa organizadora.
La medida fue solicitada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), que acusa a la productora responsable de los conciertos de incumplir sistemáticamente con sus obligaciones de pago de regalías. El tribunal acogió la acción prejudicial y ordenó retener hasta 100 millones de pesos de la venta de entradas de los conciertos, para así garantizar el eventual pago a los autores cuyas obras son interpretadas en vivo.
En Chile, como en gran parte del mundo, las productoras que organizan espectáculos musicales deben pagar una licencia por la ejecución pública de las obras que se interpretan en el show. Se trata de una obligación legal, además de un acto de justicia hacia los creadores que, gracias a su trabajo, hacen posible la experiencia cultural que disfrutan miles de espectadores.
El caso revela, sin embargo, una fragilidad más amplia. Durante años, las entidades de gestión colectiva han debido enfrentar prácticas evasivas que permiten evitar el cumplimiento de la ley, como el cambio de razón social de una productora. Esto no solo debilita el sistema de propiedad intelectual, sino que afecta directamente a compositores emergentes y a músicos que dependen de estas regalías para sostener su carrera, siendo el sustento de una comunidad creativa que enriquece nuestra identidad cultural.
En otros países, el respeto por las licencias musicales está más arraigado. Tal es el caso de España, Francia o Estados Unidos, donde la idea de que la música tiene valor —en el escenario y fuera de él— se asume como un principio incuestionable. Chile no puede quedar rezagado. Necesitamos un marco de cumplimiento más robusto, sanciones efectivas y, sobre todo, mayor conciencia social de que consumir arte implica reconocer el derecho de quienes lo crean.
Aplaudamos entonces a los músicos en el escenario y garanticemos también que esos aplausos se traduzcan en respeto jurídico y económico al trabajo de los artistas. La retención de fondos ordenada por la justicia es una señal clara: la cultura no puede sostenerse sobre la evasión. Reconocer y pagar los derechos de autor no es un trámite administrativo: es la condición básica para que la música y la cultura sigan vivas.
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