La reciente decisión del Poder Judicial de restringir la búsqueda de causas por nombre no es un detalle técnico. Afecta directamente el derecho ciudadano a acceder a información pública. Hasta hace poco, cualquier persona podía seguir casos, fiscalizar decisiones y entender cómo actúan nuestras instituciones. Hoy, ese acceso depende de conocer un RUC o RIT, códigos que sólo manejan los intervinientes.
La protección de datos es necesaria, pero existen soluciones menos drásticas tales como anonimizar o tachar datos sensibles, que no sacrifican la transparencia. Limitar la búsqueda por nombre es un candado que dificulta el trabajo periodístico.
El periodismo de calidad necesita información para investigar y se sostiene en la posibilidad de verificar hechos, contrastar fuentes y acceder a registros públicos, con el propósito de contextualizar y narrar lo que ocurre detrás de las puertas del poder.
En un país con profundas brechas de confianza en sus instituciones, limitar el acceso a información judicial no fortalece la legitimidad del sistema; por el contrario, agranda las sombras. La justicia debe ser visible para ser creíble.
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