LOS ANDES (24/11/2025).- El abogado José Villagrán Reyes interpuso este miércoles 19/11/2025 una demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de la empresa estatal Codelco, a raíz de una serie de graves hechos ocurridos en la División Andina durante el año 2024.
La acción judicial fue presentada ante primer tribunal civil de Los Andes y busca que la cuprífera responda patrimonialmente por los daños que, según sostiene el demandante, se originaron en el marco de eventos atribuibles a la operación de la división ubicada en la Región de Valparaíso.
Aunque los detalles de los hechos denunciados no fueron revelados públicamente, la demanda apunta a establecer la responsabilidad civil de la estatal por los perjuicios causados, los que —según Villagrán— afectaron de manera relevante la integridad psíquica de su representada.
La acción legal fue admitida a trámite por la judicatura y actualmente se encuentra en el proceso de notificación de la misma.
Ahondando en los hechos que motivan la demanda, el abogado José Villagrán Reyes entregó algunas luces de los hechos.
Consultado sobre el origen del conflicto, el profesional sostuvo que “…todo habría ocurrido en el marco de una práctica habitual en la División Andina de Codelco de vetar a ciertas personas o establecer listas negras con las que se impide que determinadas personas puedan trabajar en la división, no solo para Codelco directamente, sino que también se veta a quienes prestan servicios para las empresas contratistas, las que para conseguir o mantener contratos acceden a esta nefasta práctica”.
En esa línea, Villagrán explicó que su representada “fue vetada para trabajar en Andina el año 2025, pero antes de ello, existió una serie de actuaciones violentas del personal de Andina; en lo concreto, tres altas ejecutivas desarrollaron un acoso laboral sistemático, siendo la prohibición de contratarla el acto final de una grave persecución”.
El abogado añadió que, a su juicio, lo más grave es la respuesta institucional, ello porque “La empresa estatal, habiendo sido informada de estos hechos atentatorios contra los derechos fundamentales, efectuó una investigación en el marco de la Ley Karin que tuvo por objeto encubrir y proteger a sus ejecutivos, y no asistió a la víctima, avalando en los hechos la afectación de los derechos fundamentales de mi representada”.
En relación con la veracidad de la afirmación del encubrimiento por parte de la División Andina, Villagrán afirmó que “tenemos abundantes medios de prueba documental emanados de órganos públicos, que se ponen en evidencia el ocultamiento y encapsulamiento de la información por parte de Andina”.
Al ser consultado por el objetivo de la acción judicial, el profesional señaló que “lo que se busca es el pago de una indemnización por parte de Andina y el despido de las agresoras, desde que causaron severos perjuicios psíquicos a la víctima”.
Finalmente, el abogado fue categórico en su evaluación del rol de la estatal: “Codelco puede tener entre sus filas personas que violen las garantías constitucionales y por eso debe hacerse responsable, pero que avale dichas conductas ocultando información es inaceptable, desde que una empresa del Estado no debería proteger a violadores de las garantías fundamentales”, concluyó.
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