Cuando un niño de 12 años encuentra la muerte en manos de otros niños, ya llegamos tarde como sociedad. De poco sirve, después, discutir si la ley de responsabilidad penal adolescente es suficiente, si los centros y programas donde residen niños y niñas que han infringido la ley funcionan bien, o si los profesionales estaban preparados; la realidad es dura: hemos fallado, y hemos fallado todos sin distinción.
Ante hechos como este, surgen de inmediato expertos, diagnósticos y propuestas. Pero cuesta no preguntarse dónde estaban antes, por qué esas ideas aparecen solo al calor de la tragedia. No hemos aprendido lo suficiente de situaciones anteriores y seguimos reaccionando más que previniendo. Cada caso extremo nos estremece por un momento, pero no se traduce en cambios sostenidos en la forma en que miramos y cuidamos a la niñez.
Añoro la simplicidad de otras épocas, con menos acceso a tecnología, drogas y armas, y más espacio para vínculos humanos que invitaban a construir comunidad y preocuparse de verdad por el otro. Sin idealizar el pasado, sí deberíamos preguntarnos qué hemos descuidado hoy; la presencia adulta, el acompañamiento cotidiano, la responsabilidad compartida en la protección de los niños y niñas que crecen entre nosotros.
Si no somos capaces de sostener una conversación honesta y permanente sobre la violencia que afecta a la infancia, más allá del impacto mediático de cada caso, seguiremos llegando tarde. La respuesta no puede limitarse a endurecer castigos; debe incluir prevención, cuidado y una ética pública que nos recuerde que ninguna infancia debería terminar así.
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