ACONCAGUA (10/07/2026).- La Municipalidad de San Felipe dio a conocer que tras conocer el resultado del Informe Final de Investigación Especial N° 862, de 2025, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso respecto de irregularidades registradas durante el funcionamiento de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM), amplió inmediatamente las acciones judiciales ya iniciadas con el propósito de perseguir las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, reforzará las medidas de control que permitan resguardar los recursos públicos y garantizar una gestión con estricto apego a la normativa y a los principios de probidad.
El informe del órgano contralor aborda dos situaciones: la existencia de pagos duplicados a la empresa de seguridad PROTEC, asociados a servicios prestados entre 2017 y 2022; y el cobro irregular de cheques por parte de una exfuncionaria de la Daem, entre los años 2022 y 2024.
En ambos casos, los mecanismos internos de revisión permitieron detectar las situaciones, efectuar las denuncias correspondientes e implementar las medidas administrativas necesarias.
Respecto de los pagos duplicados a la empresa PROTEC, vinculados a contratos suscritos durante una administración municipal anterior, una vez detectada la situación se instruyó una auditoría interna destinada a establecer el origen y alcance de los pagos realizados en exceso.
A partir de esta revisión, el municipio exigió formalmente la restitución de los montos involucrados y logró recuperar la totalidad de los recursos pagados de manera duplicada.
En relación con los cheques cobrados por una exfuncionaria de la exDAEM, los antecedentes fueron detectados mediante mecanismos internos de revisión. Frente a esta situación, el municipio presentó una querella criminal, instruyó los procedimientos administrativos correspondientes y entregó los antecedentes disponibles al Ministerio Público, a la Contraloría y al Concejo Municipal.
Tras conocer las conclusiones del informe final, la municipalidad amplió las acciones judiciales ya iniciadas, incorporando los nuevos antecedentes proporcionados por el órgano contralor y solicitando que se investiguen todas las eventuales responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse de estos hechos.
“Desde el primer momento hemos colaborado con la Contraloría y con el Ministerio Público, entregando de manera transparente toda la información y documentación requerida. Seguiremos realizando todas las acciones que correspondan para que se determinen las responsabilidades y se resguarden los recursos de la comunidad”, expresó la alcaldesa Carmen Castillo.
Junto con las acciones judiciales y administrativas adoptadas, el municipio continuará fortaleciendo sus procedimientos internos mediante la elaboración y actualización de manuales, la capacitación de funcionarios en materias de probidad, la revisión de los sistemas informáticos y la implementación de protocolos de control financiero y administrativo.
“Nuestro compromiso es seguir actuando con transparencia, probidad y estricto apego a la normativa, resguardando los recursos de todos los vecinos de San Felipe y adoptando todas las medidas necesarias para evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse”, concluyó la primera autoridad comunal.
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