SAN FELIPE (29/09/2026).- Una investigación penal abierta a partir de una denuncia presentada por Scotiabank el 2 de septiembre de 2026 mantiene bajo análisis una serie de operaciones patrimoniales vinculadas a dos adultas mayores de San Felipe, de 94 y 98 años.
En el marco de la causa se solicitó la incautación y/o retención urgente e inmediata de fondos disponibles en determinadas cuentas, con el propósito declarado de resguardar el patrimonio de las afectadas mientras se esclarecen los hechos.
Los hechos son investigados por una eventual estafa, sin perjuicio de que durante la indagatoria pudieran determinarse otros ilícitos, entre ellos administración desleal y/o lavado de activos. Se trata de hipótesis investigativas y no de delitos establecidos judicialmente.
Poderes notariales y administración del patrimonio.
Los antecedentes señalan que una de las afectadas N.K.L., de 94 años, habría otorgado en enero de 2026 amplios poderes de administración a los dos abogados denunciados. Posteriormente, el 31 de marzo, se habría extendido un nuevo mandato respecto de los bienes y activos de M.L.N, de 98 años. Según la presentación, después del otorgamiento de estos poderes se realizaron transferencias, retiros, giros y otras operaciones sobre fondos pertenecientes a las adultas mayores.
Entre las operaciones descritas figura la cancelación de un depósito bancario cercano a los $2.000 millones, que habría sido destinado posteriormente a un depósito a plazo a nombre de una de las afectadas. El documento sostiene que, en julio de 2026, esos fondos fueron rescatados y depositados en la cuenta corriente de Agrícola e Inversiones Aconcagua Limitada, sociedad constituida el 8 de junio de 2026.
La presentación agrega que, según antecedentes bancarios preliminares, entre noviembre de 2025 y agosto de 2026 habrían salido más de $1.000 millones desde registros bancarios asociados a las afectadas. Cerca de $700 millones habrían sido depositados en una cuenta de Consultora, Corretaje y Construcción Bayt Jala Ltda., sociedad cuyos socios y administradores, según el documento, serían nuevamente los dos leguleyos
Otro antecedente relevante corresponde a una visita realizada el 1 de septiembre por dos ejecutivos de Scotiabank al domicilio de las afectadas en pleno centro de San Felipe. La presentación sostiene que los funcionarios observaron un importante deterioro de sus facultades cognitivas y que la mujer habría cuestionado el otorgamiento de los poderes. El documento añade que los denunciados llegaron posteriormente al inmueble y recriminaron a los ejecutivos por haberse reunido con ella sin su presencia.
Al día siguiente, siempre de acuerdo con el escrito, los denunciados concurrieron junto a una de las ancianas a una sucursal bancaria de San Felipe para exigir el cumplimiento de instrucciones relacionadas con el cobro de un cheque en favor de una sociedad.
Scotiabank informó entonces que había adoptado restricciones preventivas sobre retiros y transferencias a terceros, buscando resguardar los intereses de su cliente y asegurar que cualquier decisión fuese adoptada libre de presiones.
Sobre la base de estos antecedentes, la presentación plantea que existirían elementos para sospechar que los poderes, la constitución de sociedades y los movimientos de fondos pudieron haberse producido aprovechando la situación de vulnerabilidad de las adultas mayores. Por ello se solicita autorización judicial para incautar y retener fondos, evitando nuevas transferencias y facilitando una eventual recuperación del patrimonio.
Cabe consignar que la investigación se encuentra en desarrollo. Los antecedentes contenidos en la presentación corresponden a denuncias, sospechas e hipótesis sometidas a investigación y no constituyen una declaración judicial de culpabilidad respecto de las personas mencionadas.
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