LOS ANDES (09/08/2015).- En un dictamen inédito desde el inicio de la reforma procesal penal, la Corte Suprema estableció la existencia de un grave error judicial en el proceso en que el trabajador de la comuna de San Esteban L.A.G.Ch. (60) fue acusado de violación en contra de la pareja de su sobrino, debiendo pasar casi 100 días en prisión preventiva y diez meses con arresto domiciliario nocturno.
La información fue dada a conocer en el portal Emol.com por el abogado defensor del trabajador, Rodrigo Molina Rillón, quien durante todo el desarrollo del proceso judicial y hasta el juicio oral donde fue finalmente absuelto sostuvo la inocencia de su representado, pese que la supuesta víctima presentó como prueba un video donde “supuestamente” quedó gravado el ultraje.
Violación, relación sexual consentida o una trampa.
El caso se destapó en julio de 2013 cuando la supuesta víctima P.G.S. (30) presentó la denuncia de la PDI en contra del tío de su pareja a quien acusó de haberla ultrajado en al menos tres ocasiones en momento en que quedaban solos en un inmueble que estaban construyendo en el sector de El Cobre de esa comuna.
La mujer presentó como prueba una grabación de mala calidad hecha con su teléfono celular donde se apreciaba la última violación de que habría sido objeto y que fue casi una evidencia clave en los inicios del proceso para que el Tribunal de Garantía decretara en su momento la prisión preventiva, medida que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Sin embargo, durante el juicio oral fue exhibida nuevamente la grabación de video, sin embargo, esta vez en forma completa, donde quedó establecido que las relaciones sexuales fueron consentidas y así este “error” del Ministerio Público permitió absolver a un inocente.
"Lo sucedido fue fruto de la acción concertada y planificada de una aparente víctima" en la que se aprecia que ella "realiza todo el montaje para procurarse una evidencia en contra del acusado" con una actitud "fría y cerebral", establece el dictamen de absolución emitido por el Tribunal Oral en lo penal de Los Andes.
Al escuchar el audio completo por parte del tribunal se derrumbó la versión de la mujer, al dejar claro no solamente que la relación era consentida., sino también revelar la trama con la que buscaba acusar judicialmente a su tío político con un "interés económico".
Según declaró el abogado Rodrigo Molina a Emol, la mujer había establecido, paralelamente a la acusación falsa, una reserva de acción civil, lo que la facultaba para demandar "con el objetivo de quitarle a mi defendido una casa avaluada en 60 millones de pesos que tiene en Puente Alto".
El jurista dijo que ahora tanto la supuesta víctima como el sobrino del trabajador deberán responder ante la justicia por el delito de falso testimonio.
"Se aclaró que hubo irregularidad en la cadena de custodia: no se sabe ni se estableció quién traspasó la grabación del celular al CD, ni hubo un peritaje de por medio", aclaró el jurista quien catalogó la investigación del Ministerio Público como desprolija.
"En su oportunidad pedí la exclusión del video, pero eso fue desechado por el Juzgado de Garantía en una resolución a mi juicio errónea. Aquí hay dos jueces de Garantía que cometieron conductas injustificadamente erróneas", apuntó el abogado defensor . reiterando que las resoluciones tomadas por el Tribunal de Garantía para decretar la prisión preventiva y luego el arresto nocturno fueron injustificadamente erróneas.
Durante el proceso el abogado Molina esbozó una tesis conspirativa de la mujer en contra de su representado en la cual estaría involucrado también la pareja, insistiendo en que la grabación con el celular fue un montaje de la víctima con un fin no precisado.
En este sentido, Molina recordó que el año 2007 la mujer intentó acusar a su pareja de ese entonces de haberla querido asaltar, investigación que cerró por falta de pruebas.
Por ello, el jurista dijo que su representado prepara una demanda en contra del Estado de Chile por daño moral, sumada a una acción similar que emprendería la familia por un monto superior a los 200 millones de pesos.
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