El conflicto entre quienes estiman estar a favor de realizar un proceso de regularización de trabajadores agrícolas que se encuentren sin permiso de trabajo y quienes creen que deben primar las obligaciones migratorias por sobre otras, parece ser una controversia asociada a principios u orden institucional.
Es una realidad que muchos inmigrantes ingresan a nuestro país para trabajar en actividades agrícolas sin contar con los permisos migratorios que necesitan. En ese sentido, al tener una institucionalidad migratoria seria y fuerte, esas personas deberían ser expulsadas, o al menos no podrían prestar servicios laborales.
Sin embargo, esto no sucede. Actualmente tenemos personas irregulares, en términos migratorios, que prestan servicios de manera informal sin contar con cobertura legal, médica o previsional, y dicha situación se produce -al parecer- por los montos de los pagos asociados a esos trabajos y con la conformidad de las empresas agrícolas. Por lo tanto, ¿Qué debe primar? ¿La falta del ciudadano extranjero a la ley de extranjería o la infracción a la legislación laboral y previsional? La premura es que alguien regule de esta realidad, y lo haga con medidas efectivas que fortalezcan la institucionalidad migratoria, pero que también permita que todos aquellos ciudadanos extranjeros que quieran desempeñar labores agrícolas lo puedan hacer, contando con los permisos correspondientes y cumpliendo con la legislación migratoria y laboral vigente.
El problema no es hacerlo o no, porque no basta sólo proponer la regularización temporal sólo de extranjeros que ya están registrados con permisos de turismo (que algunos llaman “perdonazo”). El problema es cómo hacerlo, sobre todo considerando que son las propias empresas agrícolas que asumen los riesgos, se benefician de los bajos costos de mano de obra y requerirían de dicha fuerza laboral.
Las tareas parecen ser tres: agilizar los trámites de las visas que permitan el acceso a trabajadores temporales; regularizar provisoriamente a trabajadores irregulares con el objeto de promover cobertura legal y no afectar la actividad agrícola; y, fortalecer la institucionalidad migratoria.
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