La traducción es un puente que conecta diferentes lenguajes y culturas, manteniendo el mensaje. No se trata simplemente de reemplazar palabras de una lengua a otra, sino de comprender el sentido de forma integral para recrearlo en el idioma de destino. Así, en literatura los traductores construyen las conexiones que permiten el diálogo entre dos mundos.
En regulación financiera ocurre lo mismo. En la traducción tecnológica radica el desafío fundamental: la brecha entre el lenguaje de la norma y la solución técnica. La ley puede establecer que los datos deben compartirse de forma segura, pero, en definitiva… ¿Qué implica eso en términos de arquitectura de sistemas, protocolos de autenticación, cifrado y auditoría, entre otros? ¿Cómo se garantiza que una API -interfaz o “puente digital” que permite que dos plataformas distintas se conecten y compartan información- no solo funcione, sino que cumpla con los estándares regulatorios y sea aprobada por auditorías externas?
La regulación habla en legal. En este contexto, define principios, estándares, derechos, obligaciones y plazos, pero el cumplimiento exige tecnología. No basta con tener APIs: deben ser reguladas, seguras y auditables. La interoperabilidad no se refiere solamente a un concepto de conectividad, sino de confianza en el sistema, trazabilidad, gobernanza y menor fricción para el usuario en su experiencia cliente.
La Ley Fintech, que regula el Sistema de Finanzas Abiertas, es un hito que define un antes y un después en el ecosistema financiero nacional, representando un cambio de paradigmas en cómo nos relacionamos y conectamos en este entorno. Su promesa es fuerte y clara: fomentar la competencia, la inclusión financiera y la innovación, en ambientes confiables en los cuales los usuarios pueden compartir sus datos financieros con terceros, previo consentimiento para acceder a mejores productos y servicios, pero entre la letra de la ley y su implementación tecnológica hay un reto que no podemos ignorar y que debe ocuparnos.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha avanzado en la definición de normas y estándares para el intercambio de información, seguridad, consentimiento y autenticación. Sin embargo, hoy se encuentra revisando los plazos de implementación, lo cual parece razonable a fin de garantizar de que ésta sea adecuada y segura, avalando así que la promesa de la norma pueda cumplirse para todos. El éxito depende de todos los intervinientes como reguladores, bancos, fintechs y proveedores.
La experiencia internacional indica que los países que han sido pioneros y líderes en finanzas abiertas han invertido en marcos técnicos robustos, periodos de marcha blanca, revisiones periódicas de las normas, guías técnicas y certificaciones específicas para APIs, que son como nuestro enchufe que conecta dos sistemas para que puedan compartir información de manera segura y rápida, por ejemplo, que una app que no es de nuestro banco nos pueda mostrar nuestro saldo, previa autorización. Así, se va convirtiendo el lenguaje regulatorio en entornos de prueba, estándares de interoperabilidad y certificaciones que permiten desarrollar soluciones que no solo sean funcionales, sino que sean compliance, es decir, que están apegadas al cumplimiento normativo y con la menor fricción posible, reduciendo costos operativos, y posicionando a las entidades en un marco seguro y confiable para sus clientes.
La invitación es seguir trabajando en esta conversación difícil, pero posible entre regulación y tecnología en el marco de nuestro Sistema de Finanzas Abiertas.
|
