El reciente análisis publicado sobre los resultados de la Admisión 2026 confirma, una vez más, una realidad que el país conoce hace décadas, pero que aún no asume con plena responsabilidad: el origen escolar sigue determinando de manera decisiva las oportunidades de educación superior. Que los estudiantes de colegios municipales, subvencionados y SLEP enfrenten casi el doble de riesgo de no ser seleccionados refleja una desigualdad estructural que trasciende a las universidades y se instala en la trayectoria vital de miles de jóvenes.
No se trata únicamente de cifras. Detrás de cada porcentaje hay proyectos truncados, familias que hacen esfuerzos inmensos y jóvenes que no ven reconocido su talento por razones que no dependen de ellos. Cuando el sistema de admisión reproduce brechas originadas en el nivel escolar, la promesa de movilidad social se vuelve frágil y la meritocracia se transforma en un ideal todavía pendiente.
El dato más alarmante del informe es que tres de cada diez estudiantes provenientes de establecimientos municipales o SLEP no logran ser seleccionados inmediatamente después de egresar. Esa proporción —muy superior a la de los particulares pagados— debería interpelarnos como sociedad. No se puede pedir igualdad de resultados cuando el país ofrece igualdad solo en el discurso, pero no en los recursos, ni en las condiciones de aprendizaje, ni en la estabilidad de los territorios donde esas comunidades viven.
Las universidades no podemos permanecer indiferentes. Instituciones como la Universidad del Alba, con fuerte vocación regional y compromiso con el acceso inclusivo, vemos en estas cifras no un problema externo, sino una responsabilidad compartida. La respuesta no puede ser únicamente ajustar la admisión; debe incluir acompañamiento académico temprano, programas de nivelación, tutorías efectivas, bienestar estudiantil robusto y articulación con los liceos de origen. La equidad no se logra “al final del camino”, sino desde que el estudiante cruza la puerta por primera vez.
Pero también corresponde una reflexión de mayor alcance. Si el país quiere que sus jóvenes tengan una oportunidad real, debe fortalecer la educación pública escolar, dotarla de estabilidad, financiamiento adecuado y desarrollo profesional docente. Ningún sistema de acceso puede compensar por sí solo las desigualdades acumuladas durante doce años.
Hemos dicho muchas veces que la educación es el principal camino para sacar a los niños y niñas de la pobreza. Ese principio hoy exige acciones concretas. No basta con constatar las brechas: debemos corregirlas. Y para ello se requiere un pacto nacional donde Estado, universidades, comunidades escolares y territorio avancemos en conjunto.
El talento está equitativamente distribuido. Las oportunidades, todavía no.
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