La Corte Suprema sancionó recientemente (Rol N° 23.322-2025) a una abogada que presentó un recurso de casación con citas doctrinarias falsas, atribuyendo a destacados profesores obras inexistentes. Podría ser un caso típico de "alucinaciones" de inteligencia artificial o una grosera negligencia profesional. La Corte desestimó la excusa del "error involuntario" e impuso suspensión de un mes y multa, recordando que la buena fe procesal exige verificar la efectividad de la información que se aporta al tribunal.
La señal es correcta. Los abogados son auxiliares de la administración de justicia y responden personalmente por sus escritos y aseveraciones. El uso de IA no diluye ese deber. Por ello, quien firma, responde. Delegar en una herramienta no exime de la obligación elemental de verificación inherente al ejercicio profesional.
Preocupa, en cambio, la pasividad de los colegios profesionales. Los tribunales ya están fijando estándares por la vía disciplinaria, pero la profesión sigue sin lineamientos éticos claros sobre el uso de IA en la práctica jurídica. Estos casos son un nuevo llamado atención para que la ética profesional no quede postergada ante el cambio tecnológico.
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