El prolongado descenso en el número de cotizantes en las AFP, que ya suma 20 meses consecutivos, constituye un fenómeno preocupante que requiere una lectura analítica más amplia del contexto económico y laboral del país. Según los datos recientes, la caída en las cotizaciones se ha atribuido principalmente a la desaceleración económica y a las dificultades en la creación de empleo formal.
No obstante, a mi juicio, el problema es más profundo, tocando cuestiones estructurales que afectan tanto la sostenibilidad del sistema de pensiones como el bienestar futuro de los trabajadores.
El empleo informal, que tradicionalmente ha representado un desafío en el mercado laboral chileno, se ha intensificado en los últimos años. Este fenómeno, combinado con la percepción de desconfianza hacia las administradoras de fondos, y el estancamiento en las reformas al sistema de pensiones, ha fomentado una desconexión entre los trabajadores y el ahorro previsional que, en gran parte, explica toda esta problemática. Por otro lado, la pobre recuperación económica posterior a la pandemia no ha logrado consolidar un aumento significativo en las tasas de empleo formal, agudizando la situación.
La implicancia más profunda de esta tendencia es su efecto directo en la sostenibilidad del sistema previsional. Menos cotizantes significan menos ingresos para los fondos, debilitando la capacidad del sistema para garantizar pensiones dignas en el futuro. Esto también amplifica la presión sobre los pilares solidarios y los recursos fiscales, complicando aún más el panorama financiero del país.
En este contexto, es crucial que las autoridades tomen medidas integrales que aborden estas dinámicas. Fomentar la formalización del empleo, mejorar los incentivos para cotizar y avanzar en una reforma que recupere la confianza de los afiliados son pasos fundamentales. Al mismo tiempo, se requiere una conversación honesta sobre el impacto de la informalidad laboral y cómo integrarla en una estrategia previsional más inclusiva.
El actual estancamiento en las reformas previsionales refleja la falta de consenso político, pero el costo de la inacción se traduce en una crisis que afectará principalmente a las futuras generaciones. Más que nunca, es urgente construir un sistema de pensiones que no solo sea sostenible, sino que también sea percibido como legítimo y justo por los trabajadores chilenos.
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