Mientras la clase política no da el ancho, la educación en Chile enfrenta múltiples desafíos, entre los más relevantes la escasez de docentes, el aumento de agresiones hacia el personal educativo y la necesidad de fortalecer los protocolos de convivencia escolar.
Falta de Docentes en Chile
La matrícula en carreras de pedagogía ha disminuido, exacerbando el déficit de profesores. Además, cerca de 8.000 docentes abandonan la profesión anualmente, lo que agrava la escasez de personal educativo. Este fenómeno se enmarca en una crisis educativa más amplia, caracterizada por el estancamiento en los aprendizajes y una creciente desvinculación de los estudiantes del sistema escolar. Es decir, a los jóvenes no solo no les interesa estudiar pedagogía, sino que los profesores que existen abandonan el barco de la docencia, privilegiando su salud mental y porque no decirlo su libertad.
Agresiones a Profesores: Estadísticas Recientes
Las agresiones hacia docentes han aumentado significativamente en los últimos años:
- En 2024, se registraron 91 denuncias de agresiones de alumnos a docentes, esto implicó un incremento del 38% respecto al año anterior.
- El Colegio de Profesores reportó 266 casos de violencia hacia docentes en 2023, de los cuales el 86,8% correspondió a agresiones verbales.
- Un sondeo reveló que cerca del 90% de los docentes ha sido víctima de algún tipo de violencia en el ejercicio de su profesión.
Protocolos de Convivencia Escolar: Diseño, Requisitos y Características
La ley 20.536 publicada en el Diario Oficial el 17/09/2011 incorporó a la ley general de educación una serie de normas destinadas a erradicar la violencia escolar, ello en el entendido que la violencia era entre los alumnos, omitiendo a los docentes, una vez más los políticos no lo vieron venir. Así desde dicha época cada establecimiento educacional debe contar con un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, elaborado con la participación activa del Consejo Escolar. Este plan regula las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y contempla medidas pedagógicas y protocolos de actuación ante situaciones de conflicto.
Además, la Ley sobre Violencia Escolar establece la conformación de un Comité de Buena Convivencia Escolar, compuesto por representantes del equipo directivo, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Este comité tiene funciones como promover acciones que fortalezcan la convivencia, prevenir la violencia y mediar en situaciones de conflicto.
La ley 21.128 bautizada con el horrible nombre de Aula segura, vino a implementar un proceso donde básicamente se indica que siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro de los hechos enumerados tenemos los que causen daño a la integridad física, agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios y así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. La misma ley establece un procedimiento, una investigación y la facultad al director de suspender y expulsar al alumno.
En este contexto de leyes inútiles, eufemísticas y absurdas, no solo faltaran docentes, sino que no habrá ni buenos ni malos colegios, dado que sin profesores simplemente no existe educación posible. Frente a esta realidad los políticos de izquierda callan frente al lumpen y los derecha miran con resignación que la destrucción de la educación es una realidad hoy, sin solución, dado que las leyes y la practica no enfrentan el asunto con la rigurosidad que amerita. A continuación, expondré dos aspectos, uno que se da en la practica y una omisión legal de la ley aula segura.
Protocolos absurdos y omisiones imperdonables.
He tenido la oportunidad de leer uno de estos protocolos, implementado para un establecimiento público y en el se indica que un docente frente a la agresión de un alumno debe protegerse y nunca defenderse, se trata de una recomendación, en mi criterio ilegal, en efecto, ningún ciudadano se encuentra obligado a comportarse como héroe y frente a una agresión ilegitima, la ley lo ampara para que se defienda, se llama legítima defensa y se encuentra expresamente regulada en el Código Penal, luego en el caso concreto, si un profesor se defiende incumple el protocolo y puede ser despedido, esto es absurdo, desde que un simple protocolo no está por sobre la ley y quienes lo redactan y los directores que los imponen como obligatorios están infringiendo una norma expresa que el Estado garantiza a todos sus ciudadanos. No por ejercer la pedagogía un ciudadano pierde ese derecho. Claramente quien redacta estos protocolo no es abogado, pero el colegio de profesores debería clarificar este aspecto a sus asociados.
El Código Procesal Penal, en su artículo 175 indica que los directores de establecimientos educacionales se encuentran obligados a denunciar los hechos que revisten caracteres de delito y que tomen conocimiento, pues bien, hubiese sido muy recomendable que la ley habla segura hubiese sido más clara de que romper el colegio, agredir causando lesiones, los ataques sexuales, no son conductas que afectan la convivencia escolar, como eufemísticamente lo señala el texto, se trata directamente de delitos y el perpetrador se trasforma de alumno en delincuente, en efecto, todo director frente a un delito flagrante, por ejemplo de lesiones, debe solicitar el auxilio de la fuerza pública y detener al delincuente por delito flagrante, así las cosas la respuesta debe ser contundente.
Los datos reflejan un entorno laboral cada vez más hostil para los educadores, y el buenismo político está forjando “bendiciones” que ignoran las reglas del juego y cuando cumplen los 18 años, se acaba el juego y lamentaran no haber internalizado las reglas mínimas de convivencia.
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