El cambio climático y, como consecuencia directa, la creciente escasez hídrica son fenómenos globales que no solo afectan la biodiversidad y la supervivencia de las especies, sino también la manera en que gestionamos los recursos naturales y diseñamos nuestras economías. Esta realidad impacta a todos los sectores de la sociedad, obligándonos a repensar nuestras políticas públicas, prácticas productivas y, en última instancia, nuestra convivencia con el planeta. En el caso de Chile, uno de los países más afectados por el cambio climático en América Latina, los efectos son ya evidentes tanto en el ámbito ambiental como económico.
Estudios recientes alertan que, para 2050, América Latina podría ver una caída del 11% en su Producto Interno Bruto (PIB) debido a los efectos del cambio climático. En Chile, las estimaciones más optimistas señalan una disminución de hasta un 7,4% del PIB en los próximos 25 años. Esta reducción económica es solo parte de una problemática en que la mayor amenaza se encuentra en la creciente inseguridad económica y alimentaria derivada de la escasez de recursos naturales, especialmente el agua. Las sequías y el aumento de las temperaturas ya están modificando los sistemas productivos agrícolas del país, trasladando algunas actividades hacia zonas más templadas y afectando la productividad en diversas regiones, lo que impacta directamente en el empleo y el bienestar social.
Ante este escenario, no basta con adoptar medidas reactivas. Si bien la inversión en tecnologías que mitiguen sus efectos es esencial, la gestión eficiente del recurso hídrico debe convertirse en una prioridad estratégica para el Estado. El agua es vital no solo para la vida, sino también para la economía. Sectores clave como la minería, la ganadería, la viticultura y la producción de alimentos como las paltas dependen directamente de ella. Por lo tanto, resulta fundamental que el Estado garantice un acceso equitativo y un uso responsable de este recurso.
En el ámbito agrícola, los derechos de uso del agua están regulados por ley, lo que permite su adquisición formal. Sin embargo, persisten serios desafíos en cuanto al control del uso ilegal, especialmente debido a la alta cotización de estos derechos, que pueden variar entre 1,5 y 68 millones de pesos por litro por segundo, dependiendo de la región y la demanda. En 2023, la Dirección General de Aguas (DGA) impuso multas por casi 2.000 millones de pesos debido a la extracción ilegal de aguas en la Región de Valparaíso, mientras que el Ministerio de Obras Públicas aplicó sanciones por más de 8.700 millones de pesos en todo el país. Estos datos revelan una preocupación creciente: el alto costo del recurso y su distribución desigual subrayan la urgencia de que el Estado implemente políticas más estrictas en cuanto al control, la fiscalización y la sanción de aquellos que utilizan ilegalmente o contaminan el agua.
Es urgente promover la incorporación de tecnologías que optimicen el uso del agua, impulsando la innovación económica e incrementando la inversión en soluciones sostenibles. La vigilancia y el monitoreo de las zonas con mayor riesgo, la mejora en la descontaminación de las áreas de captación de agua y el fortalecimiento del acceso al recurso son tareas prioritarias para asegurar la viabilidad de nuestros sistemas productivos y la preservación del medio ambiente.
En la agricultura, el desafío es aún mayor. Este sector absorbe alrededor del 75% del agua disponible en el país, lo que hace indispensable adoptar nuevas prácticas y tecnologías que permitan un uso más eficiente del recurso. Si no actuamos con prontitud, el daño a nuestra matriz alimentaria podría ser irreversible, afectando la seguridad alimentaria y, en consecuencia, nuestra estabilidad económica.
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