SAN FELIPE (14/08/2025).- El Juzgado de Garantía de San Felipe rechazó la prisión preventiva para el joven de 18 años de iniciales K.A.D.G., quien fue sindicado como autor del ataque a balazos en contra de dos jóvenes que se encontraban en una plazoleta de la Villa El Señorial la mañana del pasado lunes 11 de agosto.
Conforme a los antecedentes policiales recabados por Los Andes Online, ese día el imputado junto a otro sujeto llegaron a bordo de un automóvil marca Mazda hasta ese lugar donde se encontraba la víctima, R.C.H. quien estaba acompañado de su hermano.
Los agresores confrontaron a los hermanos por supuestas amenazas que habían recibido de ellos en días pasados, para luego el imputado extraer de entre sus ropas un arma de fuego con el cual efectuó varios disparos en contra de R.C.H., quien resultó con una fractura de fémur de carácter grave, mientras que su hermano terminó con un impacto balístico en la entrepierna de carácter menos graves.
Tras el ataque los agresores se dieron a la fuga, pero minutos después fueron detenidos por Carabineros que había montado un amplio operativo en el sector tras haber recibido la denuncia.
El agresor pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Felipe donde el fiscal Benjamín Santibáñez Contreras le imputó el delito de homicidio simple en grado de frustrado.
Por la gravedad del hecho el persecutor pidió aplicar la cautelar de prisión preventiva debido a que la pena por este delito parte en 5 años y 1 día de privación de libertad y su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Sin embargo, el defensor privado Miguel Ibaceta Herrera se opuso a esta cautelar argumentando que no se trató de un homicidio frustrado, sino que un delito de lesiones graves, ya que los disparos fueron realizados a las piernas de la víctima lo que da cuenta que la intención no era matarlo, argumentando además que el imputado no habría sido quien disparó, sino su acompañante.
Alegó además que su representado no mantiene condenas anteriores, estudia y además posee un trabajo estable.
Oídas estas argumentaciones, el magistrado Leopoldo Marcelo Soto puso en duda la participación del imputado en el delito por el que fue formalizado, considerando a la luz de los antecedentes expuestos demasiado gravosa la privación de libertad, por lo que se solo decretó el arresto domiciliario total, arraigo nacional y firma diaria en Carabineros.
Además, el magistrado Soto decretó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.
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