El año tributario 2026 en Chile se desarrollará en un contexto político relevante: el cambio de mando presidencial del próximo 11 de marzo. Sin embargo, a diferencia de lo que suele anticiparse en períodos electorales, el escenario tributario de este año estará marcado más por la continuidad institucional que por transformaciones inmediatas. En términos prácticos, no se espera una ruptura del marco vigente, sino un período de transición y definición estratégica.
La razón es simple. El sistema tributario opera con una lógica distinta a la del ciclo político. Mientras los gobiernos cambian, la política tributaria estructural requiere tiempos más largos, amplios acuerdos legislativos y evaluaciones técnicas complejas. Por ello, durante 2026 es esperable la mantención de las reglas actuales, con énfasis en la recaudación efectiva, la fiscalización y el cumplimiento voluntario, bajo la administración técnica del Servicio de Impuestos Internos.
Las reformas de mayor alcance —modificaciones de tasas, cambios en bases imponibles o rediseños del sistema— difícilmente se implementan en el primer año de gobierno. La experiencia reciente lo confirma: la reforma tributaria que no logró aprobarse en el período anterior dejó instalado un marco normativo operativo, pero tensionado. No se trata de un sistema en crisis, pero sí de uno que mantiene pendientes discusiones relevantes sobre suficiencia fiscal, equidad y sostenibilidad de largo plazo.
Este antecedente es clave para entender el horizonte 2026. Las propuestas tributarias que hoy forman parte del debate político no surgen desde cero, sino como una reformulación del diagnóstico que sustentó aquella reforma fallida. En ese sentido, más que anunciar cambios inmediatos, el nuevo ciclo político estará orientado a redefinir prioridades, ajustar enfoques y reconstruir consensos.
En este contexto, el rol del Ministerio de Hacienda será principalmente estratégico. Durante 2026, su foco estará puesto en la elaboración de diagnósticos, evaluaciones técnicas y lineamientos de política que permitan anticipar el rumbo futuro del sistema tributario. Estas señales —más que leyes inmediatas— serán determinantes para reducir la incertidumbre y orientar las expectativas de empresas, inversionistas y contribuyentes.
Para quienes cumplen sus obligaciones tributarias, el mensaje es claro: el año 2026 será un período de certeza operativa. Las decisiones de planificación tributaria seguirán basándose en reglas conocidas, aunque con atención a las señales que emanen del nuevo gobierno respecto del mediano plazo. El desafío estará en evitar discursos contradictorios que generen incertidumbre innecesaria y afecten la inversión o la formalización.
En definitiva, el año tributario 2026 debe entenderse como un año de transición. No será el momento de las grandes reformas, pero sí el espacio donde se definan las bases del debate tributario que marcará los próximos años. La clave estará en resguardar la estabilidad normativa y la responsabilidad fiscal, sin postergar una discusión estructural que el país sigue teniendo pendiente.
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