La migración vuelve a tensionar el debate público en Chile, en medio de una contradicción persistente. Durante décadas, el país ha ofrecido a las personas migrantes una promesa clara: con trabajo y esfuerzo, es posible prosperar. Sin embargo, esa expectativa choca con una realidad marcada por trabas burocráticas y procesos de regularización complejos que mantienen a miles sin poder avanzar. En este contexto, el proyecto que modifica la Ley N.º 21.325 no aparece como una solución, sino como una barrera que podría profundizar estas dificultades y limitar el aporte social, económico y cultural de la migración.
La propuesta introduce tres restricciones clave: priorizar atención en salud y educación para nacionales por sobre extranjeros en situación irregular; exigir cédula vigente y residencia definitiva para acceder a beneficios sociales; y excluir del Registro Social de Hogares a quienes no cuenten con esos documentos. Aunque estas medidas buscan “ordenar la casa”, se basan en supuestos erróneos, como atribuir la irregularidad a decisiones individuales, cuando en realidad responde a barreras estructurales ampliamente documentadas por organismos como OIM y CEPAL.
Además, el proyecto sugiere que las personas migrantes son una carga, pese a la evidencia contraria. La migración dinamiza la economía y aporta más en impuestos de lo que recibe en beneficios. La irregularidad sí reduce esa contribución, pero no por la presencia de extranjeros, sino por un sistema administrativo ineficiente que prolonga su exclusión.
Tampoco es correcto asumir que endurecer las condiciones generará un éxodo voluntario. La experiencia internacional muestra que estas medidas aumentan la precariedad y la segregación, alimentando mercados informales y vulnerando derechos. Esto impacta especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a regularizar su estatus migratorio. La existencia de más de 70 mil menores en situación irregular evidencia fallas del Estado chileno en cumplir compromisos internacionales.
En educación, las consecuencias son concretas: la deserción escolar de estudiantes migrantes duplica la de sus pares chilenos. Programas clave como la Ley SEP excluirán a quienes no estén identificados en el Registro Social de Hogares, invisibilizando su vulnerabilidad. Esto no es eficiencia, sino un retroceso. Menor escolarización implica menor productividad futura y mayores costos sociales para el país.
Chile necesita una política migratoria ordenada, pero el orden no se construye excluyendo ni negando derechos básicos. Invisibilizar a quienes ya están en el país no resuelve el problema: lo agrava y perpetua.
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