La megarreforma acertó en el diagnóstico y falló en la receta. Nadie debería perder la vivienda de su vida porque su pensión no alcanza para pagar contribuciones. Pero convertir ese principio en una exención para toda persona mayor de 65 años, sin límite de ingresos ni avalúo fiscal, transforma un alivio legítimo en un beneficio difícil de defender.
El nuevo texto exime el 100% del impuesto territorial sobre una vivienda principal. Incluye estacionamientos y bodegas, exige residencia efectiva, declaración ante el SII y estar al día en sus pagos municipales. También incorpora sanciones frente a simulaciones. Son resguardos necesarios, pero controlan el abuso formal; no corrigen la desigualdad económica del beneficio.
La edad no es sinónimo de vulnerabilidad. Una persona con pensión mínima y una casa modesta recibirá la misma tasa de exención que otra con altos ingresos y una vivienda valiosa. La diferencia será monetaria: mientras más cara sea la propiedad, mayor será el ahorro tributario. La paradoja: bajo una bandera social, el Estado puede terminar entregando el mayor subsidio a quien posee más patrimonio.
Chile cuenta con rebajas para personas mayores condicionadas por ingresos. La megarreforma pudo ampliar esa protección, establecer un tope respecto de la pensión o diseñar una reducción gradual. Eligió, en cambio, borrar la focalización. Esa decisión es rentable y regresiva. La justicia fiscal no consiste en tratar igual a quienes viven realidades radicalmente distintas.
La segunda tensión es municipal. La menor recaudación bordea los $190 mil millones: $110 mil millones vinculados al Fondo Común Municipal y $80 mil millones correspondientes a ingresos directos de las comunas. Son recursos que financian luminarias, seguridad, áreas verdes, salud primaria, retiro de residuos, programas sociales y atención de emergencias. No existe exención gratuita: alguien siempre paga.
La Comisión Mixta propuso que el SII estime anualmente la pérdida y que Tesorería compense al Fondo Común Municipal y a cada municipio en la proporción que habría recibido. La fracción destinada al fondo conservaría sus reglas solidarias de distribución. Hasta ahí, la solución parece razonable: si una política nacional reduce ingresos locales, el Gobierno central debe reponerlos.
El problema aparece en la letra chica. Para recibir la compensación directa, la municipalidad deberá entregar información financiera y acreditar una reducción del 30% en el plazo de tramitación de permisos respecto del período 2023-2025. Vincular recursos perdidos por una exención tributaria con metas de permisos mezcla objetivos distintos y convierte la compensación en un premio condicionado.
La consecuencia puede ser absurda. Una comuna podría perder ingresos por una decisión del Congreso y quedar sin compensación porque no alcanzó una meta administrativa reglamentaria. Sus vecinos pagarían dos veces: primero con impuestos que financian la exención y después mediante servicios municipales deteriorados. La rapidez de un permiso no puede determinar cuántas luminarias se reparan o cuántas ayudas sociales se entregan.
Peor aún, las municipalidades con menos equipos técnicos podrían tener dificultades para cumplir el indicador. Así, una condición de eficiencia corre el riesgo de castigar a los territorios con menor capacidad institucional. La modernización municipal es indispensable, pero debe financiarse, acompañarse y evaluarse por separado; no imponerse utilizando como rehén la continuidad de servicios esenciales.
La corrección es posible. La exención sobre la vivienda principal debe incorporar límites de avalúo, tramos de ingresos o un pago máximo según la pensión. La compensación municipal debe ser automática, permanente y fiscalmente transparente. Las metas de gestión pueden generar incentivos adicionales, nunca condicionar la restitución de recursos que pertenecían a las comunas.
Proteger a los mayores es obligación moral. Proteger la progresividad tributaria y la autonomía financiera municipal también. Una reforma de alto impacto no se mide por la cantidad de contribuyentes que deja de pagar, sino por su capacidad de aliviar sin privilegiar y compensar sin castigar.
La megarreforma puede evitar que una buena causa termine financiando una mala política. El país necesita alivio, pero no a cualquier precio.
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