Al igual que muchas otras medidas, en distintos ámbitos, tomadas por este Gobierno a la rápida y sin medir consecuencias futuras, la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) tiene una consecuencia social y humana que a mí, como profesor y profesional ligado a la educación me preocupa: me refiero a la enorme cantidad de funcionarios del DAEM que van a quedar sin una fuente laboral y en la indefensión más absoluta.
Los SLEP son los organismos que van a reemplazar a las municipalidades como responsables de la administración de los colegios públicos, lo cual va a significar que aquí en Los Andes van a quedar cien personas sin trabajo o mirado desde otra perspectiva, cien familias sin su sustento. Le aporto más datos, de cerca de 200 funcionarios de los DAEM de las cuatro comunas de nuestra provincia, apenas unos 40 serán reubicados en los nuevos SLEP, lo cual es de una gravedad tan grande como la falta de empatía del Estado que -poco más menos que trastabillando- quiere sacar adelante lo antes posible la instalación de estos organismos.
Esta para mí es una nueva decisión irresponsable de este grupo de jóvenes que llegaron a la Moneda legítimamente por votación de la mayoría, pero que claramente están haciendo la práctica profesional. Para apoyar esta reflexión le voy a mencionar una estadística brutal, puesto que en un informe del Senado se señala que de mil 800 funcionarios DAEM sólo 147 continuarán en sus puestos en los SLEP que ya se encuentran operando. Ahora bien, en nuestro país existen 345 municipios con DAEM, por lo tanto, es de matemática simple proyectar que cuando se complete la instalación de los SLEP los desafectados se contarán por miles.
No es menor que entre estos miles de funcionarios DAEM que quedarán sin trabajo hay muchos que ya superan los 50 años de edad: muy "jóvenes" para el retiro, pero muy "viejos" para volver a encontrar trabajo, esa es la triste realidad, una que nos golpea con fuerza a todos quienes no podemos mirar con indolencia el verdadero drama que aflora cuando una persona queda cesante.
Esperemos que, a lo menos, las indemnizaciones por años de servicio no se hagan esperar, para que las personas reciban el dinero que se han ganado en los plazos que corresponden.
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