Al conflicto entre el Colegio de Profesores y el Mineduc le falta un mayor dialogo y soluciones concretas que no alteren la normalidad en las clases de losestudiantes. Estas seis demandas docentes reflejan desafíos estructurales que requieren atención urgente de las autoridades para avanzar hacia una educación pública de calidad. En qué consisten: una nueva ley de titularidad para garantizar estabilidad laboral a los docentes a contrata. Reconocimiento al profesor jefe: valorar y compensar adecuadamente este rol dado su impacto en la gestión escolar y el acompañamiento de los estudiantes. Reducción del agobio laboral: disminuir la carga administrativa para que los docentes se enfoquen en la enseñanza y en el desarrollo profesional. Medidas contra la violencia escolar: implementar políticas efectivas para prevenir y abordar la violencia en las aulas con la finalidad de garantizar un entorno seguro para toda la comunidad educativa. Financiamiento basal para los SLEP: asegurar recursos estables, suficientes y equitativos para los Servicios Locales de Educación Pública. Ajustes al calendario escolar: revisar y adaptar fechas permitirá mejorar las condiciones laborales del profesorado y la calidad del proceso educativo.
Y aunque este paro tiene su lógica, el impacto en los estudiantes debiese ser resguardado por todos los actores del sistema educativo. Pues los intereses que impactan en el alumnado derivado de esto son críticos: interrupción del aprendizaje y pérdida de contenidos. Suspender clases contrapone la calidad del sistema. Además, amplia las brechas educativas. Y es que, por legítimo que sea, un paro así profundiza las desigualdades en estudiantes de sectores vulnerables. También propicia el incremento del ausentismo y el riesgo de deserción escolar. Datos del Ministerio de Educación muestran que la inasistencia grave aumentó en los últimos años. Finalmente debemos cuidar el impacto que un paro docente puede generar en la salud mental y emocional de nuestros estudiantes.
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