En Chile, la salud de la población enfrenta amenazas invisibles pero cotidianas: el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que consumimos están cada vez más expuestos a contaminantes que afectan nuestro bienestar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ambiental como la interacción de factores físicos, químicos y biológicos externos que inciden en nuestra calidad de vida. Hoy, esta dimensión de la salud es más urgente que nunca.
Según el Informe Global de Calidad del Aire 2024, Santiago y Coyhaique se ubican entre las ciudades más contaminadas de Sudamérica, con concentraciones de material particulado fino (MP2,5) que duplican los límites recomendados por la OMS. Esta exposición está asociada a enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y al menos 4 mil muertes prematuras cada año, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud (MINSAL).
Más de 7 millones de chilenos están expuestos a episodios críticos de contaminación cada invierno debido al uso de leña húmeda en calefactores, lo que provoca crisis respiratorias y hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores y niños con asma. Mientras el uso de cigarrillos electrónicos crece —se estima que un 10% de los adolescentes ya los utiliza, según SENDA—, estudios advierten que los vapeadores liberan metales pesados y químicos que también comprometen la salud pulmonar y cardiovascular.
La situación es especialmente crítica en comunidades vulnerables, donde la exposición a contaminantes es mayor. Las desigualdades en salud se traducen en que niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas son los más afectados por estos riesgos.
El agua, un recurso vital, también está amenazada. La sobreexplotación y la contaminación de fuentes de agua potable ponen en riesgo la salud pública, y es fundamental que se implementen prácticas sostenibles para garantizar el acceso a agua limpia para todos. La falta de sistemas de saneamiento adecuados y el uso de aguas residuales no tratadas en la agricultura son factores que agravan esta crisis.
En la Región de Antofagasta, la presencia histórica de arsénico en el agua potable ha sido vinculada a una mayor incidencia de cáncer de vejiga y de pulmón, según estudios de la Universidad de Chile. A esto se suma la exposición a plomo en localidades cercanas a faenas mineras y el uso de pesticidas en zonas agrícolas, que afectan de forma desproporcionada a niños y trabajadores del campo.
A medida que enfrentamos nuevos desafíos, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, es esencial que actualicemos nuestras políticas de salud. La falta de un listado actualizado de enfermedades ambientales, que no se ha revisado desde 1968, es un obstáculo para abordar adecuadamente los problemas actuales. Sin embargo, hay esfuerzos en marcha para modernizar este listado y responder a las necesidades del siglo XXI, lo cual es un paso positivo.
Es hora de que la salud ambiental se convierta en una prioridad en nuestras políticas públicas. Necesitamos un sistema robusto de vigilancia epidemiológica que integre la detección y el monitoreo de los tóxicos en nuestro entorno. La educación y sensibilización de la población sobre los riesgos a los que estamos expuestos son fundamentales para fomentar un cambio en la conducta individual y colectiva. Actuar ahora es nuestra responsabilidad para que el medio ambiente, en lugar de ser un agresor silencioso, se convierta en un protector de la vida. Solo así podremos asegurar un futuro saludable y sostenible para todos.
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